Un juez federal en Estados Unidos bloqueó de manera temporal una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump que buscaba eliminar la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento. Esta medida, conocida como el principio de jus soli o “derecho del suelo”, es aplicada en aproximadamente 30 países, principalmente en las Américas, incluyendo México y Canadá.
Decisión judicial y argumentos legales
El juez John C. Coughenour, quien preside un tribunal federal, emitió su decisión en respuesta a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Los demandantes argumentaron que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia de la Corte Suprema respaldan el derecho a la ciudadanía para todas las personas nacidas en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Ratificada en 1868, tras la Guerra Civil, la 14ª Enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Este principio ha sido interpretado consistentemente durante más de un siglo como una garantía para cualquier persona nacida en territorio estadounidense.
Impacto potencial de la orden ejecutiva
La orden de Trump, firmada el mismo día de su toma de posesión, estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero y podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en Estados Unidos. Según datos presentados en una de las demandas, en 2022 nacieron aproximadamente 255,000 niños de madres que vivían de manera ilegal en el país, mientras que 153,000 nacimientos correspondieron a padres en la misma situación.
La medida propuesta por Trump argumentaba que los hijos de personas no ciudadanas no estarían sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordenaba a las agencias federales negar la ciudadanía a los niños que no tuvieran al menos un progenitor ciudadano.
Contexto histórico y legal
El principio de ciudadanía por nacimiento fue reafirmado en un caso clave en 1898, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense. Este fallo se convirtió en un precedente fundamental, a pesar de que algunos defensores de restricciones migratorias argumentan que solo aplica a hijos de inmigrantes legales.
Los fiscales generales que presentaron las demandas han subrayado las implicaciones personales de la orden ejecutiva. William Tong, fiscal general de Connecticut y ciudadano estadounidense por nacimiento, declaró que el intento de eliminar este derecho afecta directamente a familias estadounidenses como la suya. Tong, quien es el primer fiscal general chino-estadounidense en el país, consideró la medida como un ataque a los valores fundamentales de la nación.
Casos representativos en las demandas
Entre los testimonios presentados en las demandas destaca el de una mujer embarazada identificada como “Carmen”, quien ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente. La demanda argumenta que negar la ciudadanía a su futuro hijo constituiría una lesión grave al privarlo de la plena membresía en la sociedad estadounidense.
Las demandas, presentadas en nombre de 22 estados y varias agrupaciones de inmigrantes, buscan proteger los derechos consagrados en la Constitución y evitar que la orden ejecutiva entre en vigor, alegando que su implementación causaría daños irreparables a las comunidades afectadas.
