Por: Raúl Contreras Bustamante
De acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, el domingo 1º de junio habrán de elegirse 881 cargos del ámbito federal: nueve ministras y ministros, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.
Por su parte, el artículo octavo transitorio de la reforma estableció que las entidades federativas tendrían un plazo de 180 días naturales para realizar las conciliaciones a sus Constituciones locales, a efecto de determinar los tiempos y procedimientos para llevar a cabo procesos similares a los federales. Es decir, los jueces y magistrados locales también serán electos de manera directa por la ciudadanía.
De tal suerte que la implementación de la reforma en las entidades federativas será de la mayor relevancia, pues es en los ámbitos locales donde, en realidad, se llevan a cabo las actividades jurisdiccionales más cercanas a la ciudadanía. Así que las juzgadoras y juzgadores que en ese ámbito se desempeñan son pieza clave en la manera en la que se entiende y se percibe la impartición de justicia.
En la actualidad, son 18 de las 32 entidades federativas que han actualizado sus Constituciones para adecuarlas a la reforma constitucional: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como Ciudad de México.
El término para que el resto de las legislaturas cumplan concluye en marzo de 2025, por lo que se tiene que poner atención en dicha actividad legislativa.
Con seguridad, el proceso para votar por juzgadores federales tendrá mayor atención e interés ciudadano en las entidades en las cuales se elegirán de manera simultánea, junto con ellos, a los que habrán de desempeñarse en el ámbito local.
Esta elección de juzgadores será la primera en la historia del país sólo ciudadana; es decir, no existe una participación formal de los partidos políticos.
Será un experimento social interesante, porque la reforma impide a los partidos a intervenir. Los tiempos de campaña serán breves; no existirá financiamiento público para la propaganda de las candidatas y candidatos, sólo sus propios recursos; habrá un acceso muy limitado a los tiempos oficiales de radio y televisión y los periodos son muy reducidos para la capacitación de la ciudadanía a efecto de que pueda entender y participar en este ejercicio electoral.
El Instituto Nacional Electoral no recibió el presupuesto que solicitó para la organización de los comicios y le asignarán sólo poco más de la mitad de lo requerido. Ya ha anunciado que se instalarán menos casillas y en su lugar se colocarán centros de votación más alejados de los lugares acostumbrados por los votantes. Al parecer, los cómputos de los resultados no se verificarán en dichos centros de votación, sino que las urnas se transportarán a sitios especiales para el recuento de los votos.
Así pues, la realización de la jornada electoral para la reforma de los Poderes Judiciales Federal y de las entidades federativas será todo un reto.
Habrá que sumar esfuerzos para que se obtenga el éxito de este ejercicio democrático, sin lugar a dudas, trascendente para la vida y funcionamiento de nuestra vida republicana.
Como Corolario, la frase de Albert Camus: “Si el hombre fracasa en conquistar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.
