El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido mantener la alerta de inseguridad en el 19% de las secciones electorales del país, lo que equivale a más de 14,000 secciones de un total de casi 72,000. Esta medida será aplicada en el contexto de los comicios extraordinarios del 1 de junio de 2025, donde se elegirán jueces, magistrados y ministros, y responde a los problemas de seguridad que persistieron durante las elecciones presidenciales de 2024.
Estrategia ante inseguridad
La Junta Ejecutiva del INE aprobó este martes un plan para sus trabajadores, quienes comenzarán a recorrer el país del 9 de febrero al 31 de marzo para ubicar a los funcionarios de casilla en las áreas afectadas. Aunque el organismo electoral enfrenta limitaciones de tiempo y recursos, mantendrá las mismas zonas que ya fueron etiquetadas con problemas para la instalación de casillas durante las elecciones presidenciales, algunas de las cuales se consideran de alta inseguridad pública.
En 2024, el INE identificó 34,000 secciones con “Estrategias Diferenciadas” (SED), lo que representa el 49% de las secciones del país. De ellas, 14,000 se clasificaron como “zonas de alta inseguridad pública”, donde la presencia de delincuencia organizada o conflictos sociales hace que se dificulten las tareas de organización electoral.
Ajustes por recorte presupuestal
El INE organiza esta inédita elección judicial con una reducción significativa de recursos. El presupuesto aprobado por el Congreso es de 6,000 millones de pesos, menos de la mitad de los 13,000 millones solicitados inicialmente. Este recorte ha obligado al instituto a ajustar el proceso electoral, entre los cuales destacan:
- La instalación de aproximadamente 73,000 mesas directivas en lugar de las 172,000 casillas que inicialmente se planeaban.
- La reducción de 30,000 capacitadores y asistentes electorales que participaron en las elecciones federales de 2024.
Clasificación de zonas especiales
El INE mantiene el uso de rutas diferenciadas para la visita de capacitadores en las zonas con problemas de seguridad. En las elecciones presidenciales, el 30% de las rutas fueron modificadas debido a la dispersión poblacional y la falta de nomenclatura regular. Además, un 19% de las rutas debieron ser ajustadas debido a la presencia de personas armadas o inseguridad en las áreas.
Para los comicios judiciales, el INE podría identificar nuevas zonas con condiciones especiales en función del trabajo de campo realizado por los funcionarios electorales. A más tardar el 30 de enero, el INE tendrá que definir el total de las áreas que requerirán medidas especiales para garantizar la instalación adecuada de las mesas directivas.
La información sobre las zonas que requieren medidas diferenciadas se obtiene a través de los Consejos Distritales del INE y está basada en una serie de problemáticas, como la inseguridad, la migración, los conflictos sociales, entre otros, que afectan la correcta organización electoral.
El INE, a pesar de los desafíos de tiempo, recursos y seguridad, continúa con los preparativos para la histórica elección judicial del 1 de junio, con especial atención en las zonas con altos riesgos de inseguridad. La correcta implementación de este proceso será clave para asegurar la legalidad y transparencia de los comicios.
