Propuesta de ley busca fortalecer detenciones de migrantes
El Senado de Estados Unidos se prepara para aprobar lo que podría ser el primer proyecto de ley migratoria del presidente Donald Trump en su segundo mandato, un proyecto que ha levantado una ola de críticas por parte de defensores de los derechos de los migrantes. El proyecto, conocido como la Ley Laken Riley, permite que las autoridades detengan a migrantes indocumentados acusados o sospechosos de delitos como el robo, sin necesidad de que se haya comprobado su culpabilidad en un tribunal.
La ley toma su nombre de Laken Riley, una universitaria asesinada en Georgia por un migrante venezolano. La tragedia ha servido como catalizador para que Trump utilice la cuestión de la migración como un tema central en su agenda política. La medida se presenta como una respuesta a la creciente preocupación por los delitos cometidos por migrantes indocumentados, pero ha generado preocupaciones por sus implicaciones en cuanto a los derechos civiles y el debido proceso.
Según el proyecto, además de permitir la detención de migrantes en casos de sospecha de delitos, se habilitaría a los estados para demandar al gobierno federal por una amplia gama de medidas relacionadas con la migración. Esto, argumentan los críticos, podría dificultar el trabajo del gobierno federal para establecer políticas migratorias coherentes y efectivas.
Apoyo bipartidista y oposición
La iniciativa cuenta con un respaldo considerable en el Senado, con el apoyo de 84 senadores, incluidos 31 demócratas que votaron a favor de avanzar con el debate. El senador Rubén Gallego, de Arizona, ha expresado su apoyo a la ley, argumentando que es necesario otorgar a las fuerzas del orden herramientas para enfrentar la migración ilegal y prevenir tragedias como la de Laken Riley. “Debemos garantizar que se actúe cuando los migrantes ilegales infringen la ley”, afirmó el senador.
Sin embargo, las voces contrarias a la ley no se han hecho esperar. Grupos defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado que la medida podría resultar en una persecución indiscriminada de migrantes sin pruebas de culpabilidad. Además, alertan que podría aumentar la discriminación racial, ya que no se establecerían garantías suficientes para proteger los derechos de las personas detenidas.
Pablo Alvarado, co-director de la Red Nacional de Jornaleros, expresó su preocupación por lo que considera una rendición de los demócratas ante las políticas más duras de los republicanos, que buscan criminalizar a los migrantes. Según Alvarado, esta ley podría tener efectos devastadores en las comunidades migrantes, al permitir que los funcionarios de inmigración actúen sin restricciones.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, y su debate en el Senado podría culminar con una votación en los próximos días. Aunque algunos demócratas, como el senador Alex Padilla, han manifestado su oposición a la ley, especialmente por la falta de enfoque en la reforma migratoria integral, los republicanos parecen estar dispuestos a avanzar con la iniciativa antes de la posesión de Trump como presidente.
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