Por: Jesús Franco
Para muchos es uno de los emprendedores más visionarios de la última década. Otros lo ven como un ultra, radical y conservador. Su nombre, Elon Musk.
Un adicto al trabajo que ha desarrollado empresas como Space X con la que busca conquistar Marte y una parte del Universo. También, dueño de X (antes Twitter). Le gusta la estridencia, ser parte de la conversación pública y ha utilizado X como su vehículo propagandístico sin atender ningún código de ética o regulación de la información que genera o comparte.
Las acciones de Musk, unidas a las de Mark Zuckerberg, fundador y cabeza de Meta (Facebook), quien recientemente decidió eliminar de su empresa el área de Fact Checking, es decir la encargada de analizar que los contenidos publicados en la red social que fundó en 2004 sean verídicos y no inciten al odio por razones de raza, género o ideología política, han desatado un fuerte debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas del contenido que es difundido a través de las plataformas sociales-digitales.
De hecho, en los últimos días la discusión la llevó la Unión Europea (UE) a la arena política. Y es que con las elecciones de Alemania en puerta, Musk sostuvo una transmisión en directo a través de X con el líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania AfD). La respuesta ha sido unísona: se le está dando voz a los herederos del nazismo. Al menos así lo dejó entrever el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Las críticas y el cruce de declaraciones entre Musk y la Unión Europea surgen a raíz de la Ley de Mercado Digitales y la de Servicios Digitales, con la cual la UE intenta frenar los abusos de “posición dominante y la difusión de contenidos ilegales y de desinformación”.
La reacción de Zuckerberg sobre este paquete legislativo ha ido en sintonía con la de Musk y sugiere que se trata de “censura”.
La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales establecen un nivel de referencia mundial elevado para regular los servicios digitales. En ellas, las plataformas son vistas como “guardianas de acceso”, lo que significa que deberán ser lo más transparentes posibles y permitir que tanto el usuario como las autoridades puedan intervenir y ser parte de los procesos de mejora que permitan convivencias digitales sanas, legales y lícitas.
Sin embargo, para X y Meta la regulación que entró en vigor en mayo del 2023 en la UE dista mucho de lo que sucede en Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos. Regulaciones laxas con muchos vacíos de información. Plataformas, como la de X, que se han convertido en tóxicas y semilleros de ideologías conservadores. El más claro ejemplo son los videos o publicaciones en distintas redes sociales que han dejado atacantes suicidas en Estados Unidos. Muchos de estos no detectados por los servicios de seguridad ya que no existe una comunicación directa con los reguladores de contenido de las plataformas.
Y otro factor se agrega a esa ecuación: el cargo que ocupará Elon Musk como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el Gabinete del Presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump. Para los jefes de Estado de los países que conforman la UE el hecho de abrir un frente contra Musk y X supondría una afrenta que se sumaría a las amenazas de Trump de sumar Groenlandia (territorio anexado a Dinamarca, que a su vez es parte de la UE) a Estados Unidos.
Expertos consideran innecesario y un temor fundado la reacción de Trump si las legislaciones digitales en territorio europeo afectan a empresas estadounidenses como Meta o X. Sobre todo, si se toma en cuenta que Musk, a ojos de muchos analistas y expertos, se ha convertido en una pieza clave en la toma de decisiones del Presidente Electo estadounidense.
Estamos ante un escenario poco antes visto, en el que abiertamente empresarios desde el poder político buscan beneficios para sus negocios. Con las decisiones de Meta y X veremos en un futuro cercano cómo en ambas redes se fortalece la presencia de grupos de extra izquierda o derecha sin temor a que sus contenidos sean removidos ante la falta de regulaciones tanto internas como externas. Un peligro para la democracia, en el que la desinformación o el extremismo informativo jugarán papeles decisivos.
