Con la reforma judicial en marcha y la inédita posibilidad de elegir a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, Jesús George Zamora emerge como uno de los candidatos más destacados gracias a su sólida trayectoria y capacidad jurídica.
George Zamora, actual Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, ha construido una carrera basada en el compromiso con la justicia y el fortalecimiento institucional.
Su papel en el diseño y ejecución de estrategias legales durante la administración de Delfina Gómez ha sido clave para consolidar el marco normativo en la entidad, al tiempo que ha promovido una justicia más cercana a las comunidades más desprotegidas.
Entre sus logros más notables destaca la implementación de las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”, que han llevado servicios legales y administrativos a las zonas más alejadas del Estado de México, impactando de manera positiva a miles de ciudadanos.
Zamora no solo cuenta con el apoyo de la gobernadora mexiquense, sino también con el aval de figuras relevantes en el ámbito jurídico, como la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el exministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Su formación académica también respalda su candidatura: es egresado de la UNAM, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y actualmente cursa un doctorado en Derecho por investigación en la UNAM.
La inminente elección de ministros y ministras representa un cambio histórico en el sistema judicial mexicano, y perfiles como el de Jesús George Zamora ejemplifican la calidad y el liderazgo que esta reforma busca promover.
Su experiencia previa como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) y como director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México lo posicionan como un profesional con profundo conocimiento de los procesos democráticos.
Zamora ha expresado en diversas ocasiones su compromiso con una justicia accesible y equitativa, afirmando que el Poder Judicial debe ser una institución al servicio del pueblo.
Su enfoque incluye garantizar los derechos de los jueces y magistrados, asegurando estabilidad laboral mientras se abren nuevas plazas a través de procesos responsables.
“La elección de ministros y ministras no solo debe ser un ejercicio democrático, sino también una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales”, declaró recientemente.
