Por Adriana Delgado Ruiz
Por más buenas intenciones para avanzar, la corrupción es el freno más pernicioso y enquistado en la vida pública. Tiene muchas formas más allá del soborno: conflictos de intereses, desvío de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones, colusión con el crimen organizado, justicia discrecional e incluso ineptitud al ejercer un puesto público.
El Operativo Enjambre en el Estado de México está develando la corrupción de alcaldes como María Elena Martínez en Amanalco, Pedro Luis Hernández en Santo Tomás de los Plátanos y Anavel Ávila en Coalcomán por sus nexos cada vez más cínicamente evidentes con la delincuencia organizada. En Sinaloa, ha sido necesaria una mayor intervención federal en la seguridad pública frente a la ineficacia del gobierno de Rubén Rocha Moya, quien tampoco ha aclarado muchas dudas sobre sus vínculos.
La administración recién concluída de Cuitláhuac García en Veracruz dejó una estela de 127 denuncias por desvíos que alcanzan los 280 millones de pesos, de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior estatal.
Los gobiernos locales gastan indiscriminadamente y endeudan a sus entidades sin mucho control, refugiados en la soberanía estatal de la misma forma que el ámbito federal lo hace en la herramienta de reservar la información por muchos años. Ya sin un organismo autónomo que vigile la transparencia, la opacidad tiene la puerta más abierta.
El escándalo mayúsculo de Segalmex por el saqueo de 15 mil 300 millones de pesos muestra el amplio catálogo de artimañas: adjudicación directa de contratos sin fiscalización, empresas fantasma, triangulaciones, uso de recursos para asuntos privados y un etcétera muy largo. Sin avances reales en dos años, hay 26 personas detenidas entre quienes no está el entonces director, Ignacio Ovalle, transferido incluso a otro puesto en la Secretaría de Gobernación hasta el final del gobierno anterior.
Francisco Garduño también se mantuvo, incluso en el mismo puesto de director del Instituto Nacional de Migración, aún bajo investigación desde marzo de 2023 por el incendio criminal en la estación de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos y 26 heridos graves.
La Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar la Cuenta Pública del Gobierno Federal, los recursos federales que reciben los estados y todas las operaciones que involucren recursos públicos, ha presentado mil 185 denuncias contra funcionarios de todos los niveles de gobierno en sus 24 años de existencia. De ellas, únicamente 23, es decir el 1.9 por ciento, han terminado en sentencias condenatorias, dato que documenta el altísimo nivel de impunidad del que goza la corrupción en el país.
En cuanto al resto de las denuncias, 58.6 por ciento continúan abiertas en la FGR pero sin determinación alguna, en el 27 por ciento la Fiscalía decidió no proceder por falta de elementos, 5 por ciento está en fila en el rezago judicial y el resto archivadas sin mayor explicación.
Las cifras más actuales del Inegi dicen que 14 de cada 100 mexicanos son sujetos a algún acto de corrupción al realizar trámites. Ese porcentaje se dispara hasta el 59.4 cuando se trata de autoridades de seguridad pública. Lamentablemente, 95.2 de cada 100 víctimas no denuncian por falta de confianza o temor a represalias.
La situación es insostenible si aspiramos realmente a convertirnos en una sociedad desarrollada. ¿Podremos confiar en que el gobierno se auto vigile?
