Por Irene Muñoz
Cancún y la Riviera Maya, joyas turísticas de renombre mundial, se han convertido en un campo de batalla que trasciende la disputa por pasajeros entre taxistas y plataformas digitales así como turistas. Los recientes actos violentos, incluyendo golpizas, asesinatos, y hasta denuncias de tortura y abuso sexual, son apenas la punta del iceberg de un sistema corrupto y descompuesto que perpetúa la falta de gobernanza en Quintana Roo.
Los recurrentes hechos violentos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, puerta de entrada para millones de turistas, y en las zonas turísticas, reflejan una crisis profunda que va más allá de conflictos sindicales: es un síntoma de décadas de negligencia gubernamental. La permisividad hacia un gremio que actúa con prácticas mafiosas no solo pone en riesgo a los visitantes y locales, sino que también afecta gravemente la reputación de México como un destino seguro y acogedor.
El problema no es reciente, ha sido heredado desde gobiernos anteriores hasta llegar hoy al escritorio de la gobernadora Mara Lezama. Durante años, los sindicatos de taxistas, amparados por intereses políticos y económicos, han operado con impunidad y ha sido la complicidad de las autoridades locales, que han tolerado extorsiones, bloqueos y agresiones, lo que ha permitido que estos grupos se conviertan en un poder fáctico. Otro actor importante es ASUR, dirigido por Adolfo Castro Rivas quienes tienen la concesión del aeropuerto, pues tampoco están exentos de responsabilidad pues han ignorarado la anarquía que reina en sus instalaciones, ellos pueden de inmediato cancelar las concesiones a estos grupos, pero no lo han hecho sin importarles que parte del problema ocurra en sus instalaciones.
Hace unos días, el Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar generó la respuesta gubernamental pero lo hizo como en antaño, con promesas de poner mano dura y resolver el tema. Lo cierto es que esas declaraciones se han hecho de forma reiterada pero la violencia no solo continúa sino se ha recrudecido. ¿Cuántos turistas agredidos, cuántos locales amenazados, y cuántos cuerpos encontrados en zonas verdes serán necesarios para que las autoridades actúen con la contundencia que esta crisis exige?
Lo que debería ser un servicio de transporte público confiable se ha transformado en un símbolo de terror. Las denuncias van desde cobros abusivos hasta secuestros y ataques sexuales. En paralelo, la pugna con plataformas como Uber ha derivado en un escenario de violencia recurrente que incrementa el poder sindical, ahuyenta al turismo y afecta la seguridad así como a la economía local.
La historia del gremio de taxistas en Cancún parece sacada de una novela de crimen organizado. Desde homicidios internos hasta la revelación de cuartos de tortura en las oficinas del sindicato, hacen del panorama una realidad desoladora.
En estos momentos es necesario, si es que se quiere recuperar al destino y no continuar en el espiral de inseguridad y desprestigio, un cambio estructural guberanmental que permita recuperar la gobernanza. Los discursos y promesas de revocación de concesiones no son suficientes, es imprescindible una transformación radical en la regulación del transporte público en Quintana Roo, y para lograrlo deben actuar de la mano tanto el gobierno estatal, como el federal y por supuesto el sector privado. Todos deben asumir su papel para desarticular las redes de corrupción y violencia que han florecido bajo si indiferencia.
La inacción de hoy es la catástrofe de mañana para Quintana Roo, y la impunidad, no puede seguir siendo el sello de un paraíso que, si no se corrige, está condenado en poco tiempo a perderlo todo.
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