En un conflicto sin precedentes, el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco García Contreras, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato a una orden judicial. Además, impuso una multa de 54,285 pesos y ordenó la suspensión inmediata del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros programada para 2025.
El magistrado argumentó que el INE ha sido renuente en acatar la suspensión provisional previamente decretada, lo que constituye una violación al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, dio un plazo de 24 horas para que el Consejo General del INE frene las acciones relacionadas con el proceso electoral y presente evidencia documental o videográfica de su cumplimiento.
Detalles de la resolución judicial
El juez también solicitó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México “1” ejecutar la sanción pecuniaria y notificó que, en caso de incumplimiento, se impondrá una nueva multa de hasta 5,428.50 pesos, conforme al artículo 237 de la Ley de Amparo.
En su resolución, García Contreras instruyó al INE y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización y fiscalización del proceso electoral 2024-2025. Además, ordenó que el CJF no implemente ningún plan de trabajo para transferir recursos al Tribunal de Disciplina Judicial, paralizando cualquier acción administrativa vinculada.
INE defiende la continuidad del proceso electoral
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral justificó su decisión de continuar con el proceso electoral al considerar que está respaldado por un mandato constitucional. Según el INE, detener las elecciones afectaría gravemente la operación del Estado y el derecho ciudadano al sufragio.
“La normativa electoral protege el interés público y el derecho de la ciudadanía a participar en elecciones. Detener los procedimientos implicaría paralizar a los entes encargados de garantizar este derecho”, afirmó el organismo.
Además, el INE destacó que, como autoridad electoral, está obligado a cumplir con las atribuciones constitucionales que le han sido conferidas, entre ellas la organización y desarrollo de los procesos electorales en tiempo y forma.
Un conflicto que trasciende lo legal
El caso ha generado debate entre juristas y analistas políticos, quienes señalan que la denuncia del juez García Contreras refleja una pugna entre poderes. Mientras algunos consideran que la decisión del magistrado busca garantizar la legalidad y el respeto a las órdenes judiciales, otros argumentan que podría representar una intromisión indebida en las funciones del INE.
El panorama se complica aún más al considerar que el proceso electoral extraordinario es clave para la renovación de los órganos judiciales, un tema que ha sido foco de atención nacional por su impacto en la justicia y la democracia en México.
Próximos pasos y posibles implicaciones
Con la denuncia ante la FGR, los consejeros del INE podrían enfrentar investigaciones penales por desacato, un delito que podría derivar en sanciones más severas. Mientras tanto, el plazo de 24 horas impuesto por el juez para frenar el proceso electoral representa una ventana crítica para determinar si el conflicto escala o encuentra una resolución conciliatoria.
Este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el INE subraya la creciente tensión en torno a las instituciones democráticas del país y plantea preguntas cruciales sobre la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. ¿Qué implicaciones tendrá este caso para el futuro de las elecciones y la autonomía de los órganos judiciales y electorales?
