Leopoldo Carrillo Werring y Rubén Durán Miranda, antiguos altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron vinculados a proceso por un juez federal. Ambos están señalados por la probable comisión de delitos contra la administración pública, uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusaciones de daño al erario por 172 millones de pesos
Según la FGR, los exfuncionarios presuntamente intentaron perjudicar al Fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos. Carrillo Werring ocupó el cargo de administrador general de Auditoría Fiscal Federal, mientras que Durán Miranda fue administrador central de Análisis Técnico Fiscal. La fiscalía sostiene que ambos habrían utilizado sus posiciones para cometer los delitos mencionados.
Proceso judicial en curso
Aunque ya se ha determinado la vinculación a proceso, la FGR no ha informado sobre las medidas cautelares que les fueron impuestas a los implicados. Este paso en el proceso judicial significa que se continuará investigando para determinar si existen pruebas suficientes que confirmen su responsabilidad en los hechos señalados.
Declaraciones de la Fiscalía
En un comunicado oficial, la FGR destacó que estas acciones forman parte de su compromiso de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones encargadas de la recaudación fiscal. “Se reafirma el compromiso de cero tolerancia a la corrupción, se fortalece la recaudación y se contribuye con la construcción de cimientos fuertes para el proyecto de transformación de México”, señaló la dependencia.
Antecedentes de los implicados
Carrillo Werring y Durán Miranda ocuparon cargos clave dentro del SAT, organismo encargado de la recaudación tributaria y la auditoría fiscal. Durante sus gestiones, desempeñaron roles críticos en la supervisión y análisis de grandes contribuyentes y operaciones fiscales técnicas.
Este caso se suma a una serie de investigaciones realizadas en los últimos años por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos durante administraciones pasadas, reflejando el enfoque actual en la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
