La reciente propuesta de reforma constitucional en México para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa ha generado inquietud en el ámbito internacional. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación sobre el impacto que esta medida podría tener en los derechos fundamentales, instando al Gobierno mexicano a explorar alternativas más eficaces y justas en el combate a la inseguridad.
La reforma en discusión
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que incorpora nuevos delitos al listado de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre estos se encuentran la extorsión y los relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo.
Esta modificación ha reavivado el debate sobre el uso de la prisión preventiva en México, una medida que, de acuerdo con la ONU, contraviene principios internacionales de derechos humanos al no requerir un análisis individualizado de cada caso.
Críticas de la ONU a la reforma
Volker Türk, a través de un comunicado, destacó que la prisión preventiva automática vulnera el derecho a un juicio justo y podría dar lugar a detenciones arbitrarias. Según Türk, esta herramienta debe aplicarse únicamente después de que una autoridad judicial evalúe las circunstancias específicas de cada caso, y no como una medida generalizada.
Organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente que México elimine esta práctica de su marco legal y que adopte mecanismos que garanticen la proporcionalidad y la necesidad de la detención preventiva en cada situación.
Alternativas propuestas
El Alto Comisionado enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de las fiscalías para recabar pruebas sólidas y presentar casos que justifiquen la prisión preventiva de manera individualizada. También sugirió que se exploren medidas alternativas a la privación de la libertad, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Posturas encontradas en México
La propuesta de reforma ha dividido opiniones entre legisladores y especialistas en justicia. Representantes del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que no hay evidencia concluyente que demuestre que la prisión preventiva oficiosa reduce la incidencia delictiva. En contraste, el diputado Leonel Godoy, de Morena, defendió la medida al argumentar que ha contribuido a disminuir delitos graves como el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas con arma de fuego.
El llamado a la reflexión
La ONU reiteró su exhortación al Gobierno mexicano y a los legisladores para reconsiderar la reforma, asegurando que cualquier cambio en la legislación debe alinearse con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este pronunciamiento añade presión al debate sobre la efectividad y legitimidad de la prisión preventiva oficiosa como estrategia para combatir la inseguridad en el país.
