La tensión política en Filipinas alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de la vicepresidenta Sara Duterte, quien afirmó públicamente haber contratado a un asesino para eliminar al presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa Liza Araneta-Marcos, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, en caso de que ella sea asesinada. Estas declaraciones, realizadas el sábado, han generado un fuerte impacto en el país y provocado una respuesta inmediata de las autoridades.
La amenaza que sacudió al gobierno filipino
Durante una conferencia de prensa en línea, Sara Duterte expresó su indignación contra Marcos y sus aliados en términos contundentes, cargados de expletivos. Ante preguntas sobre su seguridad, afirmó que había ordenado un ataque contra las tres figuras clave si ella llegara a ser asesinada. Utilizando las iniciales BBM para referirse al presidente, declaró:
“No es broma. Si muero, no paren hasta que los hayan matado”.
Estas declaraciones han sido interpretadas como una “amenaza activa” por el secretario ejecutivo Lucas Bersamin, quien informó de inmediato al Comando de Seguridad Presidencial. Este organismo aumentó la seguridad del presidente y su familia, calificando la situación como un asunto de seguridad nacional.
Un conflicto político que se agrava
Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, formó inicialmente una alianza política con Ferdinand Marcos Jr. en las elecciones de 2022, una fórmula que resultó en victorias abrumadoras para ambos. Sin embargo, la relación entre ambos líderes se deterioró rápidamente debido a desacuerdos fundamentales, como las políticas hacia China en el Mar del Sur de China y acusaciones de corrupción y persecución política.
En junio, Duterte renunció a su puesto en el gabinete como secretaria de Educación y jefa de un cuerpo antiinsurgencia, marcando el inicio de una serie de enfrentamientos públicos con Marcos y su círculo cercano.
La detención de una aliada clave de Duterte, un detonante de la crisis
El conflicto escaló tras la detención de Zuleika Lopez, jefa de personal de Sara Duterte, quien fue acusada de obstruir una investigación congresional sobre el posible mal manejo del presupuesto de la vicepresidencia. Lopez fue hospitalizada tras el arresto, en medio de informes sobre su traslado a una prisión de mujeres.
En su conferencia de prensa, Duterte arremetió contra Marcos, su esposa y Romualdez, calificándolos de incompetentes y mentirosos. La detención de Lopez fue interpretada como un acto de persecución política, lo que encendió aún más la tensión entre los dos bandos.
Reacciones oficiales y legales
El jefe militar, general Romeo Brawner, llamó a la calma y aseguró que las Fuerzas Armadas filipinas, con 160,000 miembros, se mantendrán apolíticas y respetarán las instituciones democráticas. Por su parte, las fuerzas de seguridad han comenzado a coordinarse con agencias de aplicación de la ley para evaluar la amenaza y prevenir posibles ataques.
El código penal filipino establece que realizar amenazas públicas de daño contra una persona o su familia puede ser considerado un delito, lo que implica posibles sanciones penales y multas. A pesar de esto, aún no se han tomado medidas concretas contra la vicepresidenta por sus declaraciones.
El legado controvertido de los Duterte
Las palabras de Sara Duterte reflejan el estilo franco y polémico de su padre, Rodrigo Duterte, conocido por su campaña antidrogas que dejó miles de muertos durante su administración. El expresidente admitió en el pasado haber liderado un “escuadrón de la muerte” cuando era alcalde de Davao, lo que lo ha llevado a estar bajo investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes contra la humanidad.
El escenario político en Filipinas se encuentra en un punto crítico, con la relación entre la vicepresidenta y el presidente marcada por tensiones que amenazan con desestabilizar el gobierno y las instituciones del país.
