Por Raúl Contreras Bustamante
A mes y medio de iniciado el presente gobierno —además del tema de la reforma judicial— la inseguridad pública se ha convertido en el principal problema heredado de la anterior administración. Las estadísticas señalan que la violencia y los crímenes que a diario se cometen en el país no han tenido disminución y es el fenómeno social que más preocupa a los mexicanos.
No se debe olvidar que la existencia de una democracia no se agota en procesos electorales ni basta con reformar leyes o extinguir instituciones; por el contrario, parte de la democracia es que el Estado propicie las condiciones necesarias para que los ciudadanos vivamos en paz, tengamos tranquilidad, convivencia social, así como calidad de vida y salud.
Entender el vínculo entre democracia y Estado de derecho es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. En pocas palabras, la esencia de un Estado de derecho estriba en que las leyes rijan por igual el comportamiento de las personas y de quienes encabezan las instituciones.
Dentro de los principios que caracterizan al Estado de derecho están: disposiciones jurídicas claras, división de Poderes, independencia judicial; acceso a la justicia y la observancia del debido proceso; entre otros.
En la reciente publicación del Índice del Estado de derecho de World Justice Project 2024, se hace un análisis comparativo de 142 países que demuestra que entre 2023 y 2024 el Estado de derecho se debilitó en la mayoría de los países.
Pareciera que en la actualidad es menos probable que el Poder Ejecutivo se vea limitado por la sociedad civil, los medios de comunicación, las legislaturas, los tribunales y las elecciones.
En cuanto al tema de derechos humanos, el mismo informe establece que las personas perdieron derechos fundamentales en 63% de los países encuestados. Las libertades de expresión y de reunión, así como el derecho a la privacidad han retrocedido, mientras que la discriminación ha empeorado.
De los 142 países, los mejor evaluados fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia. Otros países de nuestra región, como lo son Chile, Argentina, Brasil, y Colombia se encuentran en la posición 36, 63, 80, y 91, respectivamente. Nuestro país se coloca en el lugar número 118.
En el rubro de “Ausencia de corrupción”, World Justice Project, ubica a México en el lugar 135 de 142; en cuanto a “Orden y seguridad”, en el lugar 133 de 142; y en “Cumplimiento normativo” estamos en el lugar 106.
Combatir la inseguridad pública, así como restablecer el orden en todo el territorio nacional, es una cuestión que está generado consensos políticos.
Hace unos días fue aprobada por unanimidad en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado, la reforma al artículo 21 constitucional para reforzar las nuevas atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su mejor participación en la investigación de los delitos.
De acuerdo a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a esta nueva dependencia le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Los tres niveles de gobierno requerirán colaboración y unir fuerzas para enfrentar la inseguridad que nos azota.
Es de esperarse que con este apoyo político no haya más pretextos para que el Estado mexicano responda con altura al llamado ciudadano que anhela recuperar la tranquilidad y la paz social que merecemos y necesitamos, para vivir y progresar.
Como Corolario, la frase de Tomás Hobbes: “Es libre aquel que puede ser libre cuando quiera”.
