Confirman condena a Cristina Fernández de Kirchner por fraude al Estado

Confirman condena a Cristina Fernández de Kirchner por fraude al Estado

Sentencia de seis años de prisión e inhabilitación

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta resolución confirma el fallo emitido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, el cual la halló culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en el marco del caso “Vialidad”, relacionado con irregularidades en contratos de obra pública.

El caso “Vialidad” involucra presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras viales otorgadas a empresas del empresario Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner. Estas obras se adjudicaron entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, un bastión político del kirchnerismo.

Acusaciones y detalles del caso

Las investigaciones revelaron que los contratos se habrían asignado de manera preferencial a firmas vinculadas a Báez, quien, según la Fiscalía, habría recibido beneficios millonarios a través de proyectos inconclusos o sobrevalorados. La acusación señala que la expresidenta Fernández permitió el desvío de fondos públicos en favor de Báez, lo que derivó en el delito de administración fraudulenta.

En el juicio de diciembre de 2022, los fiscales consideraron que Fernández, en su rol de jefa de Estado, tuvo un papel activo en la asignación irregular de estos contratos, permitiendo el manejo inadecuado de recursos públicos. Aunque la ex presidenta siempre ha sostenido su inocencia y ha cuestionado la legitimidad de las acusaciones, el tribunal determinó que existían pruebas suficientes para condenarla.

Reacciones y próximos pasos legales

La confirmación de la sentencia de Cristina Fernández ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social de Argentina. Sus defensores argumentan que el proceso judicial tiene motivaciones políticas y que se busca desprestigiar a la líder política. En contraste, otras voces consideran que esta sentencia representa un avance en la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.

A pesar de la confirmación de la sentencia, Fernández podría recurrir a instancias superiores. La posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina le permitiría buscar una revisión del fallo en un intento de anular la condena.