Martí Batres firma acuerdo para verificar y ajustar pagos fuera de norma
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó un proceso de revisión de pensiones luego de identificar un esquema de inflaciones indebidas en montos que superan el límite de 32 mil 571 pesos mensuales, establecido como máximo en la ley. Según anunció el director general del ISSSTE, Martí Batres, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de noviembre, el nuevo acuerdo permite realizar verificaciones en cualquier momento para asegurar la autenticidad y validez de los documentos que respaldan el cálculo de las pensiones otorgadas, con el objetivo de evitar abusos y excesos.
Revisión de Documentos y Sanciones para los Responsables
El acuerdo establece que, si se detecta documentación fraudulenta en el cálculo de las pensiones o irregularidades por parte de servidores públicos, el ISSSTE notificará al Órgano Interno de Control y al Ministerio Público Federal. Además, estas pensiones podrían ser revocadas, y los responsables podrían enfrentar procedimientos legales.
Desde junio de este año, el ISSSTE había informado que detectó un modelo fraudulento en el que algunos empleados en activo, exservidores públicos, abogados privados y la Junta Laboral Federal participaron en la aprobación de pensiones infladas mediante laudos sin competencia legal. Este esquema provocó pérdidas millonarias para la institución y derivó en acciones legales contra los involucrados.
Impacto Económico y Recuperación de Fondos
Como resultado de las investigaciones, el ISSSTE informó que, mediante actos de fiscalización y procedimientos administrativos, se logró recuperar alrededor de 887 millones de pesos. Además, se detectó un daño al erario de más de 15 mil millones de pesos debido a estos pagos ilegales, lo cual llevó a la cancelación de pagos indebidos por un total de 7 mil 153 millones de pesos. También se presentaron 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se abrieron 17 carpetas de investigación, con cinco personas vinculadas a proceso penal.
Factores de Revisión en el Procedimiento del ISSSTE
El acuerdo establece que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE evaluará varios aspectos para determinar la validez de las pensiones, tales como la institución donde trabajó el beneficiario, sus años de servicio, el salario base durante su carrera laboral, los factores de cuantificación inicial y los incrementos anuales. Si se encuentran inconsistencias en estos elementos, el ISSSTE podrá ajustar o revocar la pensión, conforme lo establezca la ley.
Apoyo de Legisladores a la Revisión, con Llamado a Proteger los Derechos de los Pensionados
Ante esta situación, legisladores expresaron su respaldo a la revisión de pensiones infladas, pero con la advertencia de evitar sancionar a los pensionados de buena fe. La senadora priista Claudia Anaya mostró su apoyo a las investigaciones, indicando que deben sancionarse las acciones de los servidores públicos responsables de autorizar estos montos inflados, y recordó que muchas de estas decisiones se tomaron bajo administraciones anteriores.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, instó a las autoridades a actuar con cautela para evitar afectaciones a los pensionados. Barrales consideró que el ISSSTE debe dar claridad a los pensionados sobre el impacto de esta revisión, ya que el proceso ha causado incertidumbre entre los beneficiarios, quienes dependen de sus pensiones para cubrir sus necesidades diarias.
Reacciones en el Congreso y el Llamado a la Transparencia
Ambas senadoras hicieron un llamado al ISSSTE para que comunique con mayor transparencia el avance de este proceso, de modo que los pensionados comprendan el impacto de estas revisiones y no sufran represalias indebidas. Según las legisladoras, las revisiones no deben afectar a los pensionados que reciben sus pagos conforme a derecho, sino a quienes participaron en la aprobación de montos irregulares.
Con estas nuevas medidas, el ISSSTE busca poner fin a los abusos que afectan sus finanzas, en beneficio de los más de un millón de pensionados registrados en el sistema.
