Alberto Pérez Dayán acerca de la Reforma Judicial: la SCJN no puede invalidarla
En el marco de la discusión sobre la validez de la reforma judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha expresado públicamente su desacuerdo con la idea de que la Corte pueda invalidar una reforma constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque Pérez Dayán aún no emite su voto definitivo, sus comentarios han dado un adelanto de su postura respecto a los límites de las facultades de la SCJN.
En el apartado de Legitimación, antes de abordar el fondo del proyecto, el ministro señaló que los partidos políticos y legisladores que presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma, entre ellos el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), están facultados para hacerlo. Sin embargo, en su opinión, los recursos presentados son “total y absolutamente improcedentes”.
Pérez Dayán justificó su postura al explicar que responder a las demandas de inconstitucionalidad mediante una invalidación judicial de una reforma constitucional sería, en su criterio, forzar una facultad que no corresponde a la Corte. “Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería […] responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, declaró.
La implicación de esta postura para el futuro de la Reforma Judicial
Las declaraciones de Pérez Dayán plantean preguntas importantes sobre el papel de la SCJN en la revisión de reformas constitucionales. Al limitar su facultad en este tipo de acciones, la postura del ministro podría reducir la intervención de la Corte en asuntos que otros ministros o grupos parlamentarios consideran contrarios a los derechos constitucionales.
La postura de Pérez Dayán apunta a preservar el respeto al proceso legislativo, sugiriendo que, en su criterio, la Suprema Corte debería abstenerse de interferir en las modificaciones a la Constitución aprobadas por el Congreso. Esta posición, sin embargo, es objeto de controversia, ya que ciertos sectores políticos y sociales argumentan que la Corte debe tener la capacidad de revisar reformas que podrían infringir derechos fundamentales o contravenir los principios constitucionales.
Con el voto definitivo aún pendiente, la posición de Pérez Dayán sigue siendo una pieza clave en el desenlace de este debate, que podría establecer un precedente significativo sobre los alcances de la SCJN en la revisión de reformas constitucionales y, a su vez, definir los límites entre el Poder Judicial y el Legislativo en la interpretación y resguardo de la Constitución.
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