A pocas horas de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, la reforma de supremacía constitucional ha sido ratificada por seis Congresos estatales en México. Los estados de Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, Quintana Roo y Tamaulipas se convirtieron en los primeros en dar su respaldo a esta iniciativa, que plantea la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
Un cambio en el equilibrio de poderes
La reforma, impulsada por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), establece la supremacía de las disposiciones constitucionales, con el objetivo de limitar la capacidad del Poder Judicial para suspender o frenar reformas avaladas por el Congreso y el Ejecutivo. En caso de ser aprobada en al menos 17 legislaturas locales, esta modificación se incorporará formalmente a la Carta Magna.
Según los términos de la reforma, cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia que pretenda suspender los efectos de una reforma constitucional no tendrá efecto para detener su aplicación inmediata. Esto implica que las decisiones del Poder Legislativo, a través de reformas constitucionales, tendrán prioridad sobre cualquier resolución judicial que busque suspender su implementación.
La supremacía constitucional y sus alcances
La propuesta fue enviada a los Congresos estatales luego de que la Cámara de Diputados lograra aprobarla en lo general. Este dictamen busca fortalecer el principio de supremacía constitucional, asegurando que las reformas aprobadas por los legisladores sean respetadas y aplicadas de forma prioritaria. Los promotores de esta iniciativa argumentan que su objetivo es defender la soberanía del Poder Legislativo, permitiendo que las decisiones de los representantes elegidos democráticamente no sean vulnerables a suspensiones por parte del Poder Judicial.
Reacciones y perspectivas en torno a la reforma
El respaldo temprano de seis Congresos estatales ha generado expectativas de una aprobación rápida en otras entidades federativas. Para ser implementada, la reforma requiere la ratificación de al menos 17 Congresos locales, un proceso que se espera avance en los próximos días. En caso de lograr las ratificaciones necesarias, la nueva disposición entraría en vigor tras su publicación oficial, consolidando así el principio de que ninguna disposición legal puede estar por encima de la Constitución.
Este cambio ha suscitado opiniones encontradas. Sus impulsores consideran que representa un avance para proteger las decisiones del Poder Legislativo y consolidar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma. Por otro lado, críticos han expresado preocupaciones sobre posibles efectos en el equilibrio de poderes y las limitaciones que podría imponer al papel del Poder Judicial en la protección de los derechos constitucionales.
