Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por mayoría reducir sus salarios y el de otros 319 altos funcionarios, de tal manera que en 2025 no superen el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero decidieron mantener prestaciones, como seguros privados de gastos médicos mayores.

La ministra Lenia Batres Guadarrama criticó que se mantiene la remuneración inconstitucional de los integrantes del pleno.

La decisión surge en un momento de críticas sobre el costo del aparato judicial y las altas remuneraciones de sus integrantes. A pesar de la disminución salarial, la SCJN asegura que no afectará la calidad de los servicios judiciales ni el funcionamiento de la institución.

Bajan en la SCJN sus salarios, pero mantienen las prestaciones

La reducción salarial se aplicará a todos los magistrados y jueces de la SCJN. Aunque los montos específicos no se han divulgado, se estima que el ajuste busca reflejar una mayor sensibilidad ante la situación económica que enfrenta el país, especialmente en tiempos de crisis.

Las prestaciones, que incluyen seguros, aguinaldos y otros beneficios, permanecerán intactas. La SCJN argumenta que estas condiciones son fundamentales para atraer y retener talento dentro del sistema judicial, lo que, a su vez, es crucial para garantizar la independencia y eficiencia del poder judicial.

La noticia ha suscitado reacciones diversas en la opinión pública y entre los actores políticos. Algunos celebran la medida como un paso positivo hacia la transparencia y la responsabilidad fiscal. Sin embargo, críticos señalan que la reducción salarial, aunque simbólica, no aborda los problemas más profundos que enfrenta el sistema judicial, como la falta de recursos y la lentitud en los procesos legales.

Este ajuste salarial se enmarca en un contexto más amplio de reformas judiciales y la búsqueda de una mayor eficiencia en la administración de justicia. La SCJN ha enfrentado presiones para modernizar su funcionamiento y adaptarse a las demandas de una sociedad que exige un sistema judicial más ágil y accesible.

La reducción de salarios en la SCJN, aunque mantiene las prestaciones, refleja un intento de la institución por ajustarse a las condiciones económicas actuales y responder a las críticas sobre el gasto público. Sin embargo, queda por ver cómo esta decisión impactará el funcionamiento del poder judicial en el largo plazo.