El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobado que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la organización de la elección de jueces y magistrados, a pesar de las múltiples suspensiones judiciales emitidas en su contra. La decisión del TEPJF subraya la importancia de garantizar los derechos electorales de la ciudadanía, en conformidad con su mandato constitucional.
Resolución en medio de tensiones jurídicas
El debate en el TEPJF se centró en la facultad del INE para seguir adelante con el proceso de elección de jueces y magistrados, a pesar de las suspensiones otorgadas por jueces de distrito que han instruido detener este proceso. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al fundamentar la resolución, aclaró que el Tribunal Electoral no está interfiriendo con las sentencias de amparo, ya que no tiene la competencia para revocarlas.
De la Mata Pizaña enfatizó que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si los jueces de amparo tienen la capacidad de suspender elecciones. En un tono metafórico, el magistrado señaló: “Los jueces de amparo no ordenan suspensiones electorales como nosotros no resolvemos divorcios, para decirlo así”.
Opiniones divididas entre los magistrados
La decisión del TEPJF no fue unánime. Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. Otálora sugirió que la resolución debería posponerse hasta que la SCJN emitiera una decisión sobre los amparos en trámite, lo que generaría mayor claridad en el panorama jurídico.
Por su parte, Rodríguez Mondragón argumentó que el TEPJF carece de facultades para intervenir en resoluciones de amparo, señalando que cualquier fallo del tribunal podría invadir atribuciones del Poder Judicial, lo cual sería un precedente preocupante.
Defensa de la autoridad electoral
A pesar de las posturas en contra, el magistrado Felipe Fuentes rechazó las acusaciones de que la resolución invadiera competencias de otros tribunales. Según explicó, el TEPJF no se está pronunciando sobre la validez de las suspensiones otorgadas por jueces de distrito ni tribunales de circuito. En su lugar, el fallo se basa en la obligación constitucional del INE de garantizar los derechos electorales de los ciudadanos.
La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, coincidió con esta postura, destacando que la resolución responde a la necesidad de aclarar la incertidumbre que enfrenta el INE. Esta incertidumbre surge debido a la contradicción entre la reforma constitucional que le ordena organizar la elección de jueces y magistrados, y las suspensiones que le impiden proceder con dicho mandato.
Soto puntualizó que la decisión del TEPJF no afecta ni invalida las resoluciones de los jueces de distrito. La resolución busca, principalmente, dar certeza al INE sobre su capacidad para seguir adelante con el proceso electoral en medio de las tensiones jurídicas.
Contexto del conflicto
La organización de elecciones de jueces y magistrados ha estado rodeada de controversia, principalmente por la oposición de diversos grupos que han buscado frenar este proceso a través de recursos judiciales. Las suspensiones emitidas por jueces de distrito argumentan que el INE no debe continuar con este proceso hasta que se resuelvan los amparos presentados.
Por otro lado, la reforma constitucional en cuestión establece que el INE tiene la responsabilidad de organizar la elección de jueces y magistrados, lo que genera una confrontación legal entre el mandato constitucional y los cautelares emitidos por los tribunales.
Este caso ha resaltado la tensión entre los diferentes poderes del Estado, en particular, entre el Poder Judicial y las autoridades electorales, lo que plantea preguntas sobre los límites y competencias de cada una de estas instituciones.
Continuidad del proceso electoral
La resolución del TEPJF permitirá al INE continuar con el proceso de organización de la elección de jueces y magistrados mientras la SCJN evalúa y resuelve los recursos judiciales pendientes. La decisión representa un paso clave en el avance de este proceso electoral, aunque persisten los desafíos jurídicos que deberán resolverse en instancias superiores.
Este fallo reafirma la importancia del INE como un órgano autónomo encargado de velar por los derechos electorales de los ciudadanos, al tiempo que subraya la necesidad de un equilibrio entre las diferentes ramas del poder en el marco del sistema jurídico mexicano.
