El 16 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó el reinicio de actividades en todas las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) después de varios días de paro laboral. Sin embargo, los trabajadores han mantenido su postura de huelga, en protesta por la reciente reforma judicial. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que el CJF aplicara descuentos salariales a quienes no regresaran a sus funciones, considerando que la medida de volver a trabajar ya ha sido acordada oficialmente.
Contexto del paro laboral en el Poder Judicial
El paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial comenzó como respuesta a la reforma judicial impulsada en el Congreso. Los manifestantes argumentan que la reforma afectará negativamente sus derechos laborales y condiciones de trabajo. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, máximo órgano administrativo del PJF, determinó que las manifestaciones no cuentan con un respaldo legal bajo el derecho burocrático, por lo que ordenó la reanudación de las labores.
A pesar de esta resolución, un sector significativo de los empleados continúa en paro, situación que ha generado un punto de fricción con las autoridades. En su más reciente pronunciamiento, Sheinbaum solicitó que el CJF aplicara las sanciones correspondientes a los trabajadores que persisten en la huelga, incluyendo la suspensión del pago de salarios.
Garantías laborales en la reforma judicial
En medio de las protestas y la resistencia al regreso a las actividades, Sheinbaum ha defendido que la reforma judicial no supone una afectación directa a los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial. Afirmó que la reforma no implica recortes salariales ni la eliminación de compensaciones y beneficios existentes. Según explicó, los derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo seguirán vigentes.
Entre los beneficios que se mantendrán se encuentra el seguro de gastos médicos mayores, un derecho exclusivo que sigue en pie para los trabajadores del PJF, a pesar de que ya ha sido eliminado en el Poder Ejecutivo. Aunque Sheinbaum expresó su desacuerdo con la permanencia de este tipo de privilegios, subrayó que el contrato colectivo debe respetarse en su totalidad.
Consecuencias del prolongado paro
La postura de la presidenta respecto al paro laboral del PJF ha sido clara: si los trabajadores continúan en huelga después de que se ha establecido la orden de regresar a sus actividades, deberán enfrentar las consecuencias, comenzando por la suspensión de sus salarios. La insistencia de los trabajadores en mantener el paro ha generado preocupación sobre el impacto en el funcionamiento del sistema judicial y en el acceso de la ciudadanía a los servicios del Poder Judicial.
Este conflicto se da en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde la reciente reforma ha generado debate en torno a la independencia de este último y la posible afectación a la estabilidad de los empleados que integran su estructura.
El futuro del conflicto
Con la orden de reiniciar labores ya emitida y la advertencia de la presidenta Sheinbaum sobre los descuentos salariales, el futuro del conflicto entre los trabajadores del Poder Judicial y las autoridades parece incierto. Mientras tanto, la continuidad de las manifestaciones y la posible implementación de sanciones salariales pone de aliviar la compleja relación entre la defensa de los derechos laborales y la necesidad de garantizar el funcionamiento de las instituciones judiciales.
El proceso de negociación y diálogo entre las partes involucradas será crucial para determinar el resultado de este conflicto, así como para definir si las que se adopten permitirán una resolución pacífica o si se intensificará la confrontación entre los trabajadores y las autoridades federales.
