Preside el diputado Alejandro Castro la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero del Congreso mexiquense.
Participa, además, como secretario en la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático y en el Comité de Vigilancia a la Contraloría.
Toluca, Estado de México (17 de octubre de 2024). El PRI en el Congreso mexiquense estará impulsando la consolidación de un marco jurídico sólido, accesible y de fácil implementación para atraer inversión al Estado de México.
Así lo dijo el diputado Alejandro Castro, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero de la LXII Legislatura.
“Estamos buscando que esta Comisión sea el motor para que los empresarios crezcan, darles seguridad, certidumbre, y darles las garantías de que pueden
invertir en el Estado, que sea más fácil la apertura de negocios, con menos trámites y generar un marco jurídico para atraer mayor inversión”, detalló.
De acuerdo con el INEGI, en la entidad hay 704 mil unidades económicas y 8.3 millones de personas económicamente activas, que aportan el 9.1% del PIB
nacional, equivalente a 2.2 billones de pesos, por lo que la responsabilidad del Grupo Parlamentario tricolor, a través de dicha Comisión, será actualizar el
marco jurídico para incentivar la inversión, fortalecer el sector industrial y fomentar el comercio, en un marco de transparencia en beneficio de las familias
mexiquenses.
En la Legislatura mexiquense, Alejandro Castro es además secretario en la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático y en el Comité de Vigilancia a la
Contraloría, que fue instalado este jueves.
“A través de este Comité estaremos buscando darles a los mexiquenses la certeza de transparencia. Los priistas queremos transparencia en el uso de los
recursos públicos, para que los mexiquenses sepan que cada peso está muy bien empleado y que el comportamiento de los servidores públicos sea ejemplar”,
explicó Castro.
Las diputadas y los diputados del PRI en la LXII Legislatura del Estado de México trabajan para construir un marco jurídico que permita a las y los mexiquenses
consolidar sus proyectos de vida.
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