Raúl Contreras Bustamante

Los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) son instituciones que se comenzaron a incorporar a la ingeniería institucional de México en la última década del siglo pasado, bajo una perspectiva de tener un mejor equilibrio constitucional. Se buscaba limitar algunas facultades del Poder Ejecutivo federal que propiciaba el desmedido presidencialismo que caracterizó la función pública de nuestro país durante la época del partido político hegemónico.

Los OCA se idearon como entidades públicas para desarrollar funciones técnicas muy especializadas, cuya actuación no estuviera sujeta ni atribuida a ninguno de los depositarios tradicionales del poder público; es decir los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y sin alterar ni destruir la teoría tradicional de la división de Poderes. Y como garantía de su fortaleza institucional se han establecido de manera expresa en nuestra Carta Magna.

En la actualidad, están dotados de autonomía constitucional nueve instituciones: Banco de México, Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión Federal de Competencia Económica; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Fiscalía General de la República.

Durante el gobierno que recién termina, estas instituciones no tuvieron una evolución normativa y, por el contrario, varias de ellas fueron materia de críticas, captura política de sus integrantes y amenazas de desaparecerlos. Existe una iniciativa de reformas del presidente saliente, que busca su extinción y que está pendiente de dictaminación por el Congreso.

En noviembre de 2021, se instauró el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos con el objetivo de monitorear, analizar y proponer normas, proyectos de ley, decisiones judiciales y administrativas que fortalezcan sus funciones sustantivas; con la participación y sinergia de académicas y académicos de 13 universidades públicas autónomas e instituciones de educación superior privada, de los tres colegios de abogados más importantes del país; dos revistas especializadas en ciencia jurídica y una ministra en retiro. Las propias instituciones autónomas proporcionan datos para los estudios.

De manera reciente, el Observatorio sesionó e hizo una reflexión profunda y manifiesta sobre las implicaciones que tendría la eliminación de algunas de estas instituciones. En primer lugar, implicaría una regresión que desembocaría en una afectación profunda al uso, disfrute y garantía de dignidad en el ejercicio de muchos derechos humanos, así como a una mejor administración pública, a la que tenemos la potestad de disfrutar los ciudadanos.

Además, se afectarían las relaciones internacionales del Estado mexicano por el incumplimiento claro a diversos compromisos que se han asumido con otras naciones como, por ejemplo, el tratado comercial entre México, Estados Unidos, Canadá. Ello traería consecuencias que podrían derivar en sanciones económicas y afectar el prestigio que México ha construido en relación con el respeto a los derechos humanos.

El Observatorio seguirá siendo un foro para la defensa de estas instituciones baluartes de la democracia, que han aportado un beneficio social contundente y coadyuvan de manera efectiva al uso y garantía de derechos humanos fundamentales.

Como Corolario, la definición de Santiago Muñoz Machado: “La autonomía es la potestad de decidir la propia organización y ejercer funciones, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes”.