- Congresistas reconocen beneficios de los programas del GEM para la población.
- Demandan más transparencia, mejor cobertura y evitar uso clientelar.
Congresistas de morena, PT y PVEM de la LXII Legislatura mexiquense reconocieron la política social de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pero congresistas del PRI, PAN, MC y PRD expusieron la importancia de transparentar los programas sociales, garantizar su acceso a personas en situación de pobreza y evitar su uso con fines político-electorales.
Al continuar el análisis del informe de la gobernadora, el legislador Maurilio Hernández González (morena), presidente de la Directiva, advirtió la relevancia de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de México (GEM), porque su materia es prioridad de la Soberanía popular.
En su comparecencia, Juan Carlos González Romero, titular de esta dependencia, destacó que el gobierno ha emprendido una cruzada contra la desigualdad y la marginación, con programas sociales que no son dádivas, sino herramientas de empoderamiento, desarrollo y justicia social, y presumió que 60 de cada 100 pesos del presupuesto de egresos se destinan al desarrollo social y al bienestar.
Por morena, el parlamentario Edmundo Luis Valdeña Bastida dijo que el desarrollo social es la responsabilidad de brindar el acceso a servicios básicos de calidad, y cuestionó cómo revertir la pobreza extrema y cuántas mujeres esperan beneficiar; mientras que la legisladora María José Pérez Domínguez preguntó en qué consiste el ejercicio de transversalidad para mejorar los resultados y qué acciones han implementado, pues señaló que la gobernadora hace el esfuerzo de ampliar la cobertura de los programas.
Al puntualizar que programas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Servir para el Bienestar han sido fundamentales para reducir la desigualdad y la inclusión social, la parlamentaria Martha Azucena Camacho Reynoso (PVEM) señaló que cada peso destinado a los programas es un compromiso con la dignidad humana e interrogó cómo los programas llegan sin intermediarios.
Del PT, la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo enfatizó que las mujeres son el centro de la política social; preguntó cómo mejorar la selección de beneficiarias y de los criterios de elegibilidad; y consultó sobre acciones para facilitar el acceso a internet de mujeres en situación de pobreza, y si habrá apoyo a padres solteros en esta condición.
Tras compartir que en la entidad habitan siete millones 400 mil personas en situación de pobreza, la parlamentaria Leticia Mejía García (PRI) planteó contar con una plataforma actualizada para conocer los programas sociales y exponer las áreas de oportunidad del programa Mujeres con Bienestar; además, exhortó a crear la Secretaría de Asuntos Indígenas y beneficiar a la población indígena, originaria, afroamericana e inmigrante.
En nombre del PAN, la congresista Rocío Alexia Dávila Sánchez respaldó los programas mientras observen principios de transparencia y subsidiariedad y sean temporales y evaluados, pero cuestionó por qué el programa Jóvenes con Bienestar atiende solo al 0.11% del total de personas jóvenes y por qué se duplican apoyos.
La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) pidió que los programas se apeguen a la normatividad, se transparenten y no se usen con fines electorales y políticos; consultó por qué el padrón de beneficiarios de menores indígenas aumentó a 16 mil cuando presentó anomalías en 2023 y cómo evitar que los programas se vuelvan clientelares, e invitó al funcionario a giras de trabajo por municipios con población originaria.
Finalmente, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) criticó el clientelismo y la cobertura de los programas, así como la ejecución de sus reglas de operación y la actualización y confiabilidad de los padrones; y acusó que el apoyo económico es insuficiente y que al parecer las despensas son del proveedor del pasado.
En respuesta, el secretario enfatizó que quien cumpla con los requisitos de tiempo y forma establecidos en las convocatorias públicas y abiertas puede acceder a los programas, aunque compartió que se recibieron 1.5 millones de solicitudes, lo que duplicó la capacidad de respuesta por el presupuesto asignado, por lo que se ha privilegiado la entrega a personas en condición de pobreza y que las demás están en listas de espera.
Al recalcar que el compromiso del gobierno es disminuir la pobreza y las desigualdades sociales, subrayó que se acabaron las personas intermediarias, que ningún programa tiene fines electorales y sus reglas de operación son públicas y difundidas, pero admitió que su alcance durante todo el sexenio dependerá del presupuesto autorizado por el Congreso local y que se necesita redoblar esfuerzos para abatir las carencias sociales; e indicó que los programas son inclusivos y los evaluará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
