Por: Pedro Insardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
Estamos ante una burocracia jurisdiccional privilegiada, con ingresos que rebasan la imaginación, se presta ahora al paro ilegal y a la confrontación frente al poder democrático.
No hay forma de responder con argumentos racionales las prácticas de corrupción y la agrupación familiar evidente en los distritos judiciales.
Están carcomidos por dentro.
A su vez es importante que se resuelvan las dificultades de implementación de la Reforma AMLO-Zaldívar tanto en el proceso electivo como en la operación.
El INE y los propios legisladores federales pueden encontrar obstáculos complejos por sortear en la hechura de las leyes secundarias y reglamentarias que darán cuerpo a la Reforma Constitucional.
Con el propósito de aportar a la discusión nacional formas eficientes de operaciones insistiremos en proponer dos figuras nuevas: la creación del Colegio Electoral Judicial federal y la conformación de de Distritos Electorales judiciales federales, que pueden visualizarse de la siguiente manera.
El Colegio Electoral Judicial puede fungir como un colectivo integrado por representantes de la sociedad civil, amplio y representativo, que involucre un integrante del Poder Judicial Federal, la Barra de Abogados, universidades públicas y privadas, de comisiones de derechos humanos, de las iglesias, de las fiscalías estatales, al menos, para que elijan a quienes posean perfiles idóneos y ciudadanas y ciudadanos éticos elegibles para la judicatura.
El Distrito Electoral Judicial puede asumirse como la demarcación territorial federal constituida para efectos electorales, recuperando el censo poblacional y el universo de expedientes judiciales vigentes en activo, abiertos, con procedimientos en curso.
Ello puede ser sustento de los indicadores que permitan saber cuántos jueces federales se necesitan por demarcación, para resolver con eficacia la cantidad actual de juicios abiertos, en proceso, y no dejar en estado de indefensión a los justiciables.
Por supuesto que Morena podría hacer valer sus nominaciones con legitimidad, transparencia y hegemonía electoral territorial, al tiempo que quienes compitan por la voluntad popular acrediten su fuerza electoral propia.
Consideramos la importancia de que se logren boletas electorales de jueces, ministros y magistrados nominados para su elección popular, pero que no sean inviables por la sobresaturación de nombres en la boleta, o se preste a confusión para la ciudadanía.
Cajón de sastre.
El proyecto del Diputado Gutiérrez Luna.
Durante los días pasados el Diputado veracruzano y Vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, resaltó que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la Suprema Corte ya que representa al pueblo.
Interesante que él y el grupo parlamentario de Morena haya presentado un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que busca “establecer con claridad los alcances y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Es posible que las y los constitucionalistas del país asuman que el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales -medios de control constitucional vigente-, han agotado su eficacia para revertir la reforma constitucional del poder judicial aprobada.
Así, la última resolución de la Suprema Corte -cuyo colegiado por mayoría el 6 de octubre pasado aprobó revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial-, es evidencia de lo que hemos denominado en nuestro título de este escrito: la última expresión del Poder Judicial como Grupo de Presión.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.
