En las últimas horas ha trascendido que el pasado 01 de octubre, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum se preparaba para tomar el mando de México, personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) del Estado de Colima, SEDENA y Marina a cargo del Coordinador del Mando Mixto de la PEP, Esteban de Jesús Macías Martínez, irrumpían dos domicilios en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el primero de ellos, en la colonia Tabachines frente a la escuela de Talentos, así como en la colonia Palo Alto, ambos en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, donde privaron de su libertad de manera arbitraria a por lo menos 6 personas.
Circularon videos de los elementos de dichas corporaciones de seguridad irrumpiendo los domicilios.
De estas detenciones no se dio difusión en las redes sociales del Gobierno de Colima como en otras ocasiones, pues estas personas nunca fueron puestas a disposición ante la autoridad competente.
Posteriormente, el mismo 1 de octubre, ya por la noche, comenzó a difundirse la noticia que en la población de Puerta de Anzar en el municipio de Colima, elementos de la distintas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima y Marina, se enfrentaron a balazos con presuntos civiles armados, donde dijeron haber neutralizado a 6 personas tras un enfrentamiento.
El día 2 de octubre comenzó a difundirse la noticia de que dichas personas abatidas eran las mismas que habían sido privadas de su libertad por elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Marina a cargo del Coordinador del Mando Mixto de la PEP, Esteban de Jesús Macías Martínez, lo que consecuentemente hacía evidente que el supuesto enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones de seguridad que tuvo lugar en la población de Puerta de Anzar se había tratado de un montaje con el fin de tapar la ejecución extrajudicial de la que fueron objeto estas 6 personas, situación que fue corroborada posteriormente, pues trascendió que familiares de los fallecidos que previamente habían denunciado la detención de sus familiares acudieron a reconocer los cuerpos.
Es imperante que el gobierno federal esclarezca lo ocurrido, hay preocupación en la población por la manera ilegal de actuar de las autoridades estatales y federales que estuvieron involucradas.
