Por: Raúl Contreras Bustamante
Con motivo de la reciente reforma al Poder Judicial de la federación y las entidades federativas, durante los procesos de consulta a distintos sectores de la sociedad y la Academia, se dijo –de manera reiterada– que el problema de la inseguridad pública que México padece no se encuentra de manera exclusiva en la labor de jueces y magistrados.
Se explicó que brindar seguridad pública a los ciudadanos es la razón fundamental de existencia del propio Estado, y que en México padecemos de muchas deficiencias en las labores de prevención del delito que debieran de proporcionar las policías; una ineficaz gestión de las Fiscalías en su actuación como Ministerio Público; falta de profesionalización y eficacia de las actividades de los servicios periciales y de defensoría pública; y, al final, desde luego, la insuficiente labor de los juzgadores.
La seguridad pública debe caracterizarse por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas, así como, también, la existencia de condiciones propicias para la convivencia pacífica que permitan el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
Esta función comprende la prevención especial y general de los delitos; la sanción de las infraccionas administrativas; así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social de los sentenciados.
Hace unos días se publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (ENVIPE 2024), que registró que en 2023 –a nivel nacional– se cometieron 31.3 millones de delitos asociados a 21.9 millones de víctimas. El estudio destaca un dato escalofriante: en 27.5% de los hogares del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito.
En cuanto a la incidencia delictiva en las personas por rango de edad, los más afectados son los jóvenes entre 20 y 29 años, pues de cada cien mil habitantes 30 mil 249 fueron víctimas de algún delito. El segundo segmento en edad lo ocupan aquellos situados entre 18 y 19 años de edad, quienes por cada cien mil habitantes, 26 mil 162 personas sufrieron un delito. En conclusión, la delincuencia ha encontrado en nuestra juventud sus víctimas predilectas.
En cuanto al problema de la inseguridad pública, la impunidad sigue siendo el gran aditivo que la estimula. Según datos de la misma encuesta, sólo se denunció y se inició una carpeta de investigación en 7.1% del total de los delitos cometidos. Es decir, en 92.9% de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Aquí tenemos una señal muy clara. La inseguridad pública presenta una gran parte del problema en la ineficacia policial a nivel federal, estatal y municipal. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan: la pérdida de tiempo con 34.4% y desconfianza en la autoridad con 12.7%.
Aunado a lo anterior, la encuesta registra que en 2023 el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282 mil millones de pesos; es decir, 1.15% del producto interno bruto.
El problema de la inseguridad pública que ha heredado el gobierno de Claudia Sheinbaum es quizá el más significativo y difícil de resolver.
Se requerirá de concertar acciones muy bien coordinadas con las autoridades de los tres niveles de gobierno y abandonar la idea de que sólo con cuerpos de elite federales –ahora de carácter militar– se podrá brindar a toda la sociedad la tranquilidad y seguridad que merecemos y necesitamos.
Como Corolario la frase de Albert Einstein: “La preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”.
