La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en una votación de ocho a favor y tres en contra, que está facultada para analizar la reforma judicial promovida por el Congreso. Esta decisión surge tras las consultas presentadas por jueces y magistrados federales, quienes buscan frenar la aplicación de dicha reforma. La votación ha polarizado el debate, tanto en el ámbito judicial como en el político.
Argumentos en contra del análisis
Tres ministras de la SCJN se opusieron al análisis de la reforma judicial: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. La ministra Esquivel Mossa sostuvo que la petición de los jueces es improcedente, argumentando que los cambios constitucionales ya se han consumado de manera irreversible. Ortiz Ahlf coincidió con esta postura, subrayando que dar trámite a la petición de los juzgadores implicaría desconocer un acto que ya es constitucional.
Lenia Batres fue más enfática en su oposición, afirmando que permitir que la SCJN revisara la reforma judicial sería un acto de insubordinación que violaría la división de poderes y la supremacía constitucional. Según Batres, si la Corte asume facultades que no le corresponden, estaría dando un “golpe de estado” al intentar controlar los actos del poder reformador de la Constitución.
Batres subrayó que la SCJN debe respetar los límites establecidos en la Constitución y evitar la atribución de competencias que la colocan por encima de los otros poderes de la unión. Enfatizó que ningún órgano constituido tiene la potestad de interferir en la esfera de competencias de otro poder, como lo estipula la Constitución.
Posturas a favor del análisis
Por otro lado, las ministras Ana María Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apoyaron la decisión de dar trámite a la queja presentada por los juzgadores. Ríos Farjat sostuvo que la SCJN tiene el mandato constitucional de dirimir cualquier controversia que afecte al Poder Judicial, por lo que corresponde al tribunal analizar la reforma judicial.
El ministro Laynez Potisek resaltó que este caso es inédito en la historia del país, señalando que el Pleno nunca había enfrentado una situación como esta. Según Laynez, no es el momento de debatir sobre la validez de la reforma, pero consideró que es necesario abordar el tema de manera cuidadosa y sin apresurarse a emitir juicios definitivos.
El ministro Pérez Dayán también respaldó la revisión, destacando que el análisis de la queja no implica necesariamente la anulación de la reforma. Pérez Dayán enfatizó que la SCJN no debe adelantar ningún veredicto antes de completar el análisis exhaustivo del caso.
Críticas del Senado
La resolución de la SCJN generó una fuerte reacción en el Senado, donde el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, acusó al tribunal de actuar de manera facciosa. Fernández Noroña denunció que la Corte busca colocarse por encima del Poder Legislativo, el cual tiene la atribución soberana de reformar la Constitución.
El senador morenista fue tajante al afirmar que ni la SCJN ni el Poder Judicial tienen facultades para revisar los actos del Poder Legislativo. Según Fernández Noroña, la Corte no tiene derecho a erigirse como un poder supremo sobre el Legislativo y Ejecutivo, ni a interferir en decisiones que, en última instancia, competen al pueblo de México.
Reacción del PRI
Durante la sesión del Senado, la senadora priista Claudia Anaya informó sobre la resolución de la SCJN y destacó que el país sigue funcionando a pesar de los desacuerdos. Este comentario fue respondido de manera crítica por Fernández Noroña, quien reiteró que la elección popular de jueces y magistrados se llevará a cabo en 2025, “lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Implicaciones y futuro del caso
La decisión de la SCJN de analizar la reforma judicial ha desatado un amplio debate sobre los límites del poder judicial y su papel en el control de las reformas constitucionales. Mientras algunos defienden la intervención de la Corte como necesaria para salvaguardar la constitucionalidad de los actos, otros consideran que la SCJN está excediendo sus facultades.
Este caso ha puesto en evidencia la creciente tensión entre los poderes del Estado en México, y abre la puerta a un prolongado conflicto institucional que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país. La discusión sobre la reforma judicial y el papel de la SCJN promete continuar siendo un tema central en la agenda política y judicial.
