El pasado 1 de octubre, seis migrantes fueron asesinados y 10 resultaron heridos en un trágico incidente en el estado de Chiapas. Según la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos del Ejército abrieron fuego al confundir a un grupo de migrantes con miembros del crimen organizado. El hecho ocurrió mientras los militares realizaban labores de patrullaje en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en el sur de México.
Los hechos
El incidente se registró poco antes de las 9 de la noche, cuando una camioneta tipo pick-up que transportaba a los migrantes fue detectada circulando a alta velocidad por la zona. De acuerdo con el comunicado oficial de la Sedena, al intentar interceptar el vehículo, los ocupantes se “evadieron”, lo que generó que dos elementos del Ejército dispararan en respuesta, presuntamente tras escuchar detonaciones en el área.
El saldo inicial fue de cuatro migrantes muertos en el lugar y 12 lesionados. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Huixtla, donde dos de los lesionados fallecieron mientras recibían atención médica. Además, otros 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para su evaluación.
Reacción de las autoridades
Tras los lamentables hechos, la Sedena emitió un comunicado el 2 de octubre en el que confirmó el incidente y la responsabilidad de dos elementos del Ejército que accionaron sus armas. Ambos militares fueron inmediatamente separados de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. La Sedena aseguró que se ha dado parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine las responsabilidades legales y a la Fiscalía General de Justicia Militar para revisar si se cometieron faltas en el ámbito disciplinario.
Asimismo, la Secretaría informó que se ha establecido coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que mantenga contacto con las embajadas correspondientes y brinde asistencia a las familias de las víctimas.
Escalada de violencia y exceso de fuerza
Este incidente resalta un patrón preocupante de abusos de poder y violencia desmedida por parte de fuerzas de seguridad en México. De acuerdo con una investigación reciente de Animal Político titulada “Permiso para matar”, más de 1,500 asesinatos y desapariciones forzadas han sido atribuidos a elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Muchos de estos casos involucran a víctimas que no estaban involucradas en actividades delictivas ni sujetas a órdenes de arresto.
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas armadas ha sido un tema recurrente en el país, particularmente en zonas de alto tránsito de migrantes. En este contexto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que este tipo de incidentes refleja un enfoque militarizado de la seguridad que, en lugar de proteger a las comunidades, pone en riesgo a civiles, en especial a poblaciones vulnerables como los migrantes.
Consecuencias y expectativa
El trágico evento ha generado una amplia condena, tanto a nivel nacional como internacional, y se espera que las investigaciones esclarezcan los hechos. Mientras tanto, el incidente reabre el debate sobre el rol del Ejército en tareas de seguridad pública y la necesidad de garantizar un enfoque que priorice los derechos humanos.
La muerte de estos migrantes pone en evidencia las consecuencias de una estrategia de seguridad que ha permitido a las fuerzas armadas realizar operativos en territorio nacional con poca supervisión civil, lo que ha dado lugar a numerosos incidentes de abuso y violaciones a los derechos humanos. Este caso será clave para evaluar si las autoridades están dispuestas a asumir responsabilidad y corregir el rumbo en la militarización de la seguridad pública en México.
