Por: Liébano Sàenz
Desde la primera alternancia, la política transita en terrenos inéditos, sin precedentes. El periodo de gobierno dividido no significó inmovilidad o déficit de gobernabilidad. De alguna manera pudieron procesarse cambios importantes, entre otros, la continuidad en la creación de órganos autónomos y destacadamente, cambios estructurales para la certeza de derechos, la transparencia y una mejor competencia económica.
El arribo de López Obrador en 2018 interrumpió el periodo de gobierno dividido. El descontento por la impunidad lo llevó a ganar con mayoría legislativa. Ya en el poder impuso una enorme presión al sistema democrático. El triunfo arrollador en la elección de 2024 fue interpretado por los ganadores como un mandato para modificar en sus fundamentos al régimen democrático y no como lo que era, un aval para gobernar una república democrática.
Nada hay en el pasado que se asemeje al relevo del gobierno en curso. Por una parte, el protagonismo del presidente que concluye, quien se adjudica el liderazgo del proyecto político en el poder y, por la otra, una presidenta electa con abrumador respaldo electoral que actúa en convergencia con el mandatario saliente.
La tensión mayor no se da en el terreno de diferencias políticas de quien se va y quien llega. Tampoco por las razones propias del poder que no se comparte. La diferencia se presenta por el conflicto entre dos lógicas que ahora sí son incompatibles: el cambio de régimen y el ejercicio responsable del gobierno. Persistir en la devastación del régimen democrático compromete o dificulta la gobernanza porque tiene una secuela que complica el gobierno.
Destruir al Poder Judicial Federal y la autonomía de la Corte ha sido un error mayúsculo que altera a la democracia. Un gobierno sin contención es disfuncional para los ciudadanos, la convivencia civilizada, la economía y las relaciones diplomáticas y económicas con el exterior. Se ha dado el paso para proseguir con la militarización a contrapelo de una tradición liberal que se origina en la Constitución de 1857, ratificada por la de 1917. Ahora, están por desaparecer los organismos autónomos. No va a poder ocultarse por mucho tiempo que el cambio de régimen complica de manera importante la tarea de gobernar.
