Raúl Contreras Bustamante
Después del horror causado por la Segunda Guerra Mundial, la sociedad internacional comenzó a reorganizarse en diversas instituciones que adoptaron –entre otros elementos– valores comunes como la democracia y la búsqueda por preservar la paz.
La Unión Europea es uno de los mejores ejemplos, pues en la actualidad se integra con 27 países miembros y se organiza a través de diversas instituciones, destacando el Parlamento Europeo que asume muy importantes decisiones.
La Unión opera como un mercado único de bienes y servicios que pueden circular de manera libre, sin barreras técnicas, jurídicas y burocráticas; y constituye una de las principales instituciones políticas del mundo globalizado.
Pero la UE es mucho más que una organización de carácter comercial. Hoy funciona como un organismo multinacional que está unido y regido por valores comunes como el respeto a la igualdad, libertad, democracia, al Estado de derecho, así también el reconocimiento a la dignidad de las personas y de los derechos humanos.
La convencionalidad europea prevé sanciones a los países miembros cuando se detecten violaciones graves a dichos valores, que pueden ir desde el establecimiento de medidas preventivas, hasta llegar a suspender ciertos derechos de la nación que no observe estas obligaciones comunitarias.
En los tiempos recientes se han presentado dos casos. En julio de 2023, los eurodiputados adoptaron una resolución en contra de la vulneración del Estado de derecho en Polonia, centrándose en reformas legislativas a la normatividad electoral; la vulneración a la independencia judicial y la creación de un órgano administrativo con potestad para prohibir el acceso a cargos públicos.
El segundo caso se refiere a una resolución votada en enero de este año, en contra de la erosión democrática del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en Hungría, como resultado de legislaciones adoptadas en materia de protección de la soberanía nacional; a la vulneración del principio de cooperación leal; ataques a la independencia judicial y la discriminación al mundo académico y periodístico en la asignación de fondos.
En nuestro continente también existe una cláusula democrática presente en el Tratado de Libre Comercio signado entre México, Estados Unidos y Canadá, que exige el respeto a los principios democráticos y derechos fundamentales; que en algún momento será invocada con motivo de las reformas constitucionales que se están aprobando de manera reciente en nuestro país.
Según el Reporte de la Democracia 2023: Resistencia frente a la autocratización, producido por el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, da cuenta de cómo ha venido ganando terreno el autoritarismo en el orbe, pues en 2022, 72% de la población mundial vivía en autocracias, lo que significa un retroceso al promedio mundial de 1986.
El estudio señala que en ese mismo año, la libertad de expresión se había deteriorado en 25 países, mientras que hace 10 años era tan sólo en siete países. Asimismo, la calidad de las elecciones empeoró en 30 países.
Se advierte que en el resurgimiento de los sistemas autócratas –entre otras cosas– se aumenta la censura de los medios de comunicación, así también disminuye la libertad en la academia y en el debate. Esto significa que la desinformación, la polarización y la autocratización se refuerzan mutuamente.
El respeto a nuestra Constitución obliga a la observancia de los valores democráticos comunes suscritos de manera soberana en los Tratados y Convenciones Internacionales. Ni más, ni menos.
Como Corolario la frase de don Sergio García Ramírez: “El Estado de derecho sufre el asedio constante, notorio o sigiloso del Estado autoritario”.
