Toluca, Estado de México, a 12 de septiembre de 2024.
Con su venia, diputado presidente.
Compañeros coordinadores parlamentarios.
Señoras y señores diputados.
Como lo han dicho, el poder es uno, y para su ejercicio se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por ello, es peligroso que se esté planteando con esta reforma el debilitamiento de uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y del propio Estado mexicano.
Con esta reforma, se debilita un poder y el mismo poder se concentrará en alguno de los otros dos poderes y, no estamos alejados de sobre cuál recaerá esto.
Este pilar, el Poder Judicial del Estado mexicano. Reformarlo, implica tocar la estructura en su conjunto.
Las y los mexicanos merecíamos un análisis más profundo; un debate informado, consensuado con las distintas fuerzas políticas; un diálogo profundo que implique a todas y a todos, que nadie quede fuera del debate, que se haga en conciencia, que podamos -como mexicanos- darnos la oportunidad de que este tipo de reformas, que son de gran calado, tengan el nivel que merecen tener.
Las y los legisladores debimos ser escuchados, y el Poder Judicial también. Hemos perdido una valiosa oportunidad para hacer política; para ponernos de acuerdo; y para reivindicar nuestra libertad legislativa.
Algunas de las razones por las que el Grupo Parlamentario del PRI no está de acuerdo en votarla a favor, son las siguientes:
Es una reforma profunda, que consideramos compleja en su aplicación, y que no mejorará de fondo el sistema de justicia de manera integral.
Nos inquieta que el pueblo no elegirá libremente a los jueces, magistrados y ministros.
Las candidaturas emergerán de las cúpulas del poder. La decisión “del pueblo”, quedará reducida entre los candidatos previamente seleccionados por los grupos del poder o poderes fácticos.
Más allá que una elección libre, será una votación dirigida, limitada y condicionada.
La reforma, lejos de acercar la justicia al pueblo, elimina el sistema de contrapesos entre los poderes.
No habrá carrera judicial, ni exámenes de oposición, que permitan la profesionalización y dignificación de los trabajadores del Poder Judicial.
La reforma nos saca del contexto internacional, porque no está en sintonía con el sistema interamericano de derechos humanos, y genera una profunda incertidumbre a los inversionistas y socios principales de nuestro país.
Preocupante, muy preocupante, es la creación de un tribunal disciplinario, parecido a lo que en su momento fue un supremo poder conservador de 1836, con poderes meta-constitucionales para sancionar, suspender, inhabilitar y procesar a juezas, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con hipótesis ambiguas irán tras ellos, se perseguirán y no habrá poder alguno que pueda detener este mandato.
De la misma manera, la complejidad para que el pueblo conozca a los candidatos, radica en el inmenso número de boletas y de candidatos que habrán de ser postulados.
Será humanamente imposible realizar un análisis informado sobre los perfiles de miles y miles de candidatos a ministros, ministras, magistrados, juezas y jueces.
Sencillamente, para elegir a los integrantes de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, los electores tendrán que estudiar las propuestas y perfiles de alrededor de 150 candidatos.
A ello, habrá que sumar los más de nueve mil aspirantes a jueces y magistrados, en los respectivos circuitos judiciales.
Seamos sinceros: a través de la saturación, se confunde la votación de las y los mexicanos. Muchos de nuestros electores no saben hoy quién es su diputada o diputado, mucho menos, tendrán conocimiento de quienes serán las juezas y jueces que impartirán justicia en los distritos.
Su implementación, tan sólo en el ámbito federal, costará alrededor de 22 mil millones de pesos, según la proyección más reciente del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte.
En un país como el nuestro, con múltiples carencias y altos niveles de pobreza, esta acción resulta claramente irresponsable.
Pero, el mayor problema de la reforma no es el voto popular, porque no estamos en contra de eso. El verdadero problema, es que no contribuye a que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades jurisdiccionales. Tampoco democratizará el Poder, mucho menos acabará con la corrupción y el nepotismo.
Es falso, completamente falso que se resolverán los graves problemas que enfrenta la justicia ordinaria.
Las y los mexicanos anhelamos, exigimos y merecemos justicia.
Lejos de debilitar al Poder Judicial, deberíamos estar construyendo una reforma integral, como aquí han planteado mis compañeros que me antecedieron, que verdaderamente cambie el rostro de la justicia mexicana.
Aquí mismo, en este recinto, en la pasada Legislatura aprobamos una reforma de gran calado a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ella hubo diálogo, acuerdo y concertación.
Se escuchó al Poder Judicial. Acudió de manera personal el presidente del Tribunal, a exponer diferentes propuestas y posturas, y de ellas emanaron reformas innovadoras como la Sala de Asuntos Indígenas, los mecanismos alternativos de solución de controversias, su ampliación, con todo lo que cabe en la palabra y el reforzamiento de los juicios orales y la tecnología para aplicar los mismos.
Por ello, hay que hacer énfasis en una reforma que fortalezca a las policías y sus labores de prevención. Ahí está el asunto.
Una que profesionalice a las fiscalías y sus capacidades de investigación. Son muy importantes para todas y todos, en ese asunto, estamos pendientes en esa reforma.
Una justicia que eleve la calidad, también, de las defensorías públicas. Que no está planteado.
Una que garantice la reinserción para reconstruir el tejido social. Tampoco está contemplada en esta reforma.
Por supuesto que el Poder Judicial tiene que reformarse para mejorar, pero sin destruir lo que sí funciona.
Compañeras y compañeros diputados:
Sé que no todas ni todos están de acuerdo, muchos de ustedes, en lo privado, me lo han manifestado, de todos los grupos parlamentarios.
Aprovechemos esta oportunidad para dar un nuevo rostro al sistema de justicia mexicano.
Para eso es la política, para eso nos pagan nuestros electores, para ponernos de acuerdo. Porque más allá de ideologías y colores, en algún momento todos estaremos sujetos a la justicia y ocuparemos algún tipo de tribunal.
Pensemos en nuestras hijas e hijos, en su futuro. No concentremos todos los poderes en uno solo, démonos la oportunidad y démonos nuestro lugar como legisladores, hagamos lo que nos corresponde, hagamos que la justicia sea cercana, pronta y expedita, y que esté al alcance de todas y todos los mexicanos.
¡Muchas gracias!
