- El proyecto de decreto recibió el respaldo de 25 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
En el Senado de la República, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron la minuta que ordena una menor remuneración para ministros, magistrados, jueces y demás personal del Poder Judicial, y que ésta no sea mayor a la del o la titular del Ejecutivo Federal.
Las y los integrantes de ambos órganos legislativos, presididos por las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, avalaron, con 25 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano el proyecto que envió la Cámara de Diputados para reformar al Poder Judicial.
Entre otros puntos, el dictamen reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.
Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.
La reforma al Poder Judicial establece un método democrático para la elección de las y los ministros, magistrados y jueces, mediante voto universal, directo y secreto, a través de un procedimiento específico.
Entre los requisitos para ser electo ministro, además de contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente, se establece un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias específicas relacionadas con el cargo, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
Y contar con práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
En el debate entre senadoras y senadores a favor y en contra del dictamen, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, aseguró que el pueblo de México está a favor de la reforma constitucional y ha optado por poner fin a la impunidad, la corrupción y a los vicios del pasado, por eso el propósito central del proyecto es garantizar la independencia judicial, al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por el voto directo y secreto de la ciudadanía.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó como un “absurdo” el proceso de selección de candidatos para ministros, jueces y magistrados, pues serán los legisladores de Morena, con su mayoría en el Congreso de la Unión, quienes definan los comités de evaluación para escoger a las personas que aparezcan en la boleta de elección.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el T-MEC, en el anexo 23 y los capítulos 14 y 17, relacionados con la certeza jurídica para la inversión y la independencia judicial.
Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez, pues existen requisitos específicos para ello; acusó, además, que priva el nepotismo para obtener puestos laborales, pues datos señalan que 23 por ciento de los trabajadores tienen más de cuatro familiares en el Poder Judicial.
Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre sostuvo que la mayoría legislativa lucha por transformar el Poder Judicial en beneficio de la gente, mientras que la oposición lo hace por un grupo de poder, para que puedan conservar sus privilegios, salarios que son inconstitucionales, bonos, financiamiento para vehículos blindados, pensiones vitalicias y para conservar pactos “en lo oscurito”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.
