Por: Raúl Contreras Bustamante

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la legislación más importante de nuestro sistema jurídico. Es la ley de leyes, la ley fundamental, nuestra Carta Magna.

Para quienes nos dedicamos al estudio y enseñanza de la teoría de la Constitución y del derecho constitucional, lo acontecido esta semana no puede dejar de analizarse y de llamar la atención.

El partido político Morena —y sus dos aliados— obtuvieron una cantidad de votos que marcaron una clara victoria en la elección de la primera mujer al frente de la Presidencia de la República. El INE y el Tribunal Electoral le concedieron una asignación de diputados que le permite tener mayoría calificada y en el Senado están muy cerca de completarlo.

Por ello, no se comprenden las formas para ejercitar esta mayoría tan grande.

De acuerdo con nuestra Carta Magna, las adiciones y reformas están encomendadas de manera exclusiva al poder constituyente permanente, o poder revisor de la Constitución. Luego, entonces, lo acontecido en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca no fue una simple sesión legislativa, sino el inicio formal de los trabajos de dicho órgano reformador.

Duele mucho ver que no se está guardando la solemnidad para sacar adelante una reforma tan trascendente para la vida futura de la República. Tener que sesionar en un recinto alterno rodeado de granaderos y a puerta cerrada con candados; con dispensa de trámites reglamentarios parlamentarios; y sin tomar en cuenta casi nada de lo que se opinó en los procesos de consulta.

La Constitución es la síntesis histórica de nuestra nación. Una cosmovisión compartida de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Es el sumario de los acuerdos políticos que se han consensado a lo largo del tiempo para regir nuestra vida y organizar al resto del sistema jurídico del país.

La explicación del porqué del apresuramiento y de lo accidentado del proceso, no corresponde a la importancia que debe tener un procedimiento de reformas constitucionales y el cuidado que se tiene que observar para que la ley fundamental siga siendo el principal referente del control político del poder público.

La semana próxima habrá de discutirse el dictamen de reformas en el Senado. Ojalá y se enmiende esta falta de solemnidad y respeto al tratamiento de nuestra Carta Magna.

La falta de consensos con la oposición, así como no escuchar las opiniones de la academia, de organizaciones civiles, de los trabajadores del Poder Judicial y de los estudiantes, auguran que será una reforma constitucional de un contenido ideológico impuesto por la mayoría parlamentaria que aspira a establecer un cambio de régimen, pero que generará múltiples reacciones dentro de nuestra vida social.

Ferdinand Lassalle definía que: “Una Constitución es la suma de los factores reales de poder”.

Existen diversos actores que tienen poder real en nuestra realidad, que no están representados dentro del Parlamento actual, y que, si bien no pueden expresarse ni influir en el proceso de reforma, con seguridad lo van a hacer más adelante.

Los mercados financieros internacionales; nuestros socios comerciales —Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, por citar a los principales—; las organizaciones internacionales de las que de manera soberana formamos parte —la ONU, la Corte Interamericana y varias más—; los grupos estudiantiles, los colegios y barras de abogados, las cámaras empresariales, entre otros, van a reaccionar de alguna u otra forma, frente a una reforma constitucional que ha adolecido de la voluntad de procurar generar consensos.

Que de acuerdo con la doctrina constitucional, es la esencia de una Constitución.

Como Corolario, el pensamiento de Miguel de Unamuno: “Vencer no es convencer”.