Por Adriana Delgado Ruiz
El sector energético mexicano está en una situación por demás compleja física y financieramente, a lo que se agregan los enormes retos que tiene para el corto plazo. El perfil del equipo conformado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene ese enfoque.
La secretaria de Energía designada, Luz Elena González Escobar, economista con especialización en medio ambiente y desarrollo, ha orientado su trayectoria en la administración de los servicios estatales más que en la política, que es justamente lo que necesita ahora el sector. Como mano derecha en la estrategia financiera tendrá a Roberto Fernández González, actual tesorero de la CDMX.
Emilia Esther Calleja Lore, nombrada en la dirección de la CFE y Víctor Rodríguez Padilla en Pemex, ambos con alta especialización técnica y conocimiento tanto del mercado como de la estructura interna, serán los encargados de encauzar las operaciones, completando así el equipo energético.
Los pendientes son vastos. La revisión del T-MEC en 2026 incluirá inevitablemente nuevas exigencias de inversión en energías renovables. Será una negociación compleja, más aún si Donald Trump logra regresar a la Casa Blanca.
A eso se suma que una de las reformas a discusión ahora en el Congreso mexicano como parte del llamado “plan C” daría a la CFE dominio sobre el mercado eléctrico, lo que implicaría conflictos por los límites poco atractivos para la inversión privada y posibles prácticas monopólicas.
Por otra parte, ¿en algún momento los páneles solares tendrán precios accesibles para quienes deseen generar un autoconsumo sustentable? ¿Sería viable la meta de alcanzar la autosuficiencia en la producción interna de gasolinas y diésel que permita bajar sus precios aún con el exagerado sobrecosto de la refinería de Dos Bocas?
El punto de partida es muy complicado. La CFE registró pérdidas por 74.8 mil millones de pesos durante el primer semestre de este año. Tiene deudas totales por 1.9 billones de pesos, incluyendo su pasivo laboral. En cuanto a lo que debe a sus proveedores a corto plazo, el monto asciende a 78.5 mil millones de pesos, 25.9 por ciento más que un año antes.
La situación de Pemex es mucho más compleja. Perdió 251.3 mil millones de pesos en el primer semestre a pesar de que recibió apoyos por 165.6 mil millones. Su deuda con proveedores y contratistas alcanzó 362.5 mil millones de pesos, 56.8 mayor que un año atrás. El total de sus obligaciones a corto plazo asciende a 1 billón 13 mil 309 millones de pesos, equivalentes al 4.3 por ciento del PIB de todo el país.
Las calificaciones crediticias de ambas empresas no les permiten acceder a financiamiento sin intereses demasiado elevados, por lo que el gobierno ha tenido que arriesgar su propia calificación.
Otro gran problema es el mercado negro de combustibles. Actualmente hay 13 mil 823 gasolineras con permiso para operar, pero también 22 mil puntos irregulares que mueven ilegalmente unos 340 mil barriles diarios de gasolina y diésel, equivalentes a la capacidad de refinación que tendrá la nueva refinería cuando logre su 100 por ciento.
No sólo proviene del robo de combustibles de los ductos de Pemex, sino del llamado huachicol fiscal que es la importación ilegal de gasolina y diésel sin aranceles ni controles regulatorios, lo que permite su venta a un precio mucho más bajo.
El reto es enorme y en muchos frentes para el equipo energético del próximo sexenio. La coordinación será vital.
