Por: Daniel Vergara
El Poder Judicial de la Federación, debate uno de los temas más relevantes en la actualidad en relación al equilibrio de poderes que debe tener nuestra República Mexicana, al estar debidamente integrada de manera democrática por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Con esto le recordamos lo que mencionó el Titular del Ejecutivo Federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien amenazó que, de ser necesario, “cambiaría” la propia Constitución, derivado de las obstrucciones debidamente acertadas, por las resoluciones emitidas por el Poder Judicial.
Lo cual nos lleva a la reforma judicial donde se pretenden modificar diversos artículos de la constitución, para que la elección de jueces, magistrados y ministros, sea por medio de elección popular, con lo cual de manera drástica se vulnera la imparcialidad que debe mantenerse en una república realmente democrática.
Las relatadas y bien estructuradas instituciones, parecieran estorbar al actual Presidente; inmortalizando aquella añeja pero bien recordada frase de su autoría: “Al diablo con las instituciones”.
Lamentablemente hoy se cumplen los pronósticos del año 2006, cuando iniciaban las comparaciones con el ex dictador Hugo Chávez y nuestro todavía actual Presidente Andrés López Obrador, en donde a éste se le describía como una persona intolerante, impositiva, con rasgos similares a Chávez.
Es necesario conocer la historia de la Institución Judicial Federal, a efecto, de cómo orientar las subsecuentes reformas para que su evolución se precise conforme las verdaderas exigencias del país, pues difícil sería para el ciudadano, el hombre de leyes y el juez, comprender la naturaleza de las instituciones jurídicas, si no se remontara a sus comienzos.
Qué hubiese sido del origen del juicio de amparo, si el Juez D. Pedro Zámano, en su carácter de primer suplente, no hubiese firmado osadamente la primera sentencia de amparo, ese 13 de agosto de 1849, en el caso del quejoso D. Manuel Verástegui, a quien le concedió la protección constitucional, en contra del destierro ordenado por el Gobernador del Estado de San Luis Potosí.
Al firmar como supletorio, no se desestimó su probidad, sin integridad no puede haber justicia, pero rectitud quiere decir también puntualidad, que sería un valor de orden inferior, sin ser utilizable en las prácticas secundarias de la administración de justicia de forma honorable.
Por lo expuesto, se destaca la excelente actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, quien de forma admirable y valiente impidió que en el sexenio de López Obrador, se aprobaran diversas normas que iban en contra de nuestra Carta Magna, quien sin dejarse intimidar por el Titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta de la Suprema Corte de la Nacion; Norma Lucia Piña Hernández, encabeza junto con todo el Poder Judicial de la Federación una lucha verdaderamente histórica en favor de la democracia, donde se recuerdan aquellas antiguas enseñanzas del sustituto del Juzgado de Distrito, D. Pedro Zámano, quien dispensó al quejoso D. Manuel Verástegui, del destierro ordenado por el entonces Gobernador del Estado de San Luis Potosí, concediéndole sin temor alguno, el amparo y protección de la justicia federal.
“Mi conciencia tiene para mi más peso que la opinión de todo el mundo”
Marco Tulio Cicerón
Abogado Penalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados “Foro de México”, A.C.
@DanielV13802115
