_• Trabaja GEM para garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social._
*ALMOLOYA DE JUÁREZ*, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, obtuvo el beneficio de la Libertad Anticipada para seis mujeres quienes podrán retomar sus proyectos de vida en compañía de sus familias.
En un esfuerzo de colaboración en beneficio de las mujeres privadas de la libertad, la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), implementan la estrategia para la obtención de beneficios como la preliberación una vez cumplida el tiempo jurídico, así como el acceso a beneficios legales como el pago de multas y la reparación del daño.
Una de estas seis beneficiarias es Jazmín N., quien después de compurgar la mitad de su sentencia tendrá una segunda oportunidad.
“Esta noche ya no dormí porque pues no sabía qué impacto iba a sentir, sí fueron varios años dentro de la prisión y sí se siente muy raro, se siente extraño pero la felicidad volver a ver a mis hijos, a mi familia. Regresan las esperanzas, regresa a la vida a uno porque eso es volver la vida porque la verdad la vida se detiene en la prisión. Se nota muchísimo la diferencia, adentro hay gente esperanzada, hay mucha gente con fe igual de poder salir, de recuperar su vida normal”, comentó Jazmín N.
A través de las visitas a penales mexiquenses implementadas por la SeMujeres, las personas privadas de su libertad conocen las alternativas para acceder a un beneficio preliberacional como Itzel N., quien le comentó a su padre y éste se acercó a la dependencia que le brindó acompañamiento en el proceso.
Mónica Chávez Durán, titular de la SeMujeres, dijo que la filosofía de El Poder de Servir es respaldar y apoyar a todas las mujeres durante su proceso judicial hasta lograr su reinserción social plena.
“Se empieza la gestión, la Defensoría Pública tiene un fondo de reparación del daño, ellos pueden hacer el pago de la reparación del daño si fuese el caso y la Secretaría de las Mujeres tiene presupuesto para el pago de las multas y una vez que se dan estos dos pagos, se hacen las gestiones para su preliberación.
“Esta estrategia sí es una instrucción de la Gobernadora, estar con las mujeres, estar con la población más necesitada o vulnerable y el caso de las mujeres privadas de la libertad son mujeres vulnerables por la condición en las que se encuentran, tienen una situación de pobreza no tienen para pagar la reparación del daño y la multa y la mayoría de ellas se encuentran en situación de abandono”, explicó Chávez Durán.
Por su parte, Alberto Cervantes Juárez, Director General del IDP, informó que se cuenta con un fondo para apoyar a personas privadas de la libertad que no cuenten con los recursos necesarios para efectuar la reparación del daño de hasta 300 mil pesos o bien que no cuenten con red de apoyo familiar.
“Esto constituye una segunda oportunidad que si bien en un principio no tuvieron la posibilidad de obtener una sentencia absolutoria si acercar la justicia a aquellos que, como grupo vulnerable, entre ellos indígenas, mujeres y todos aquellos establecidos como grupo vulnerables puedan acceder a la justicia y es entonces donde entran los mecanismos de diversas instituciones para promover los actos necesarios y lograr finalmente su libertad que significa un beneficio no solo para la persona que obtiene su libertad sino para sus familiares, una recomposición social”, señaló Cervantes Juárez.
En cumplimiento al proyecto prioritario de revisión exhaustiva de casos para garantizar el acceso a la justicia a las y los mexiquenses, vertido en el Plan de Desarrollo 2023-2029, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México continuarán realizando visitas a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social que albergan población femenina, para identificar casos específicos de mujeres privadas de la libertad que podrían calificar en los beneficios establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
