En 1982, el PRI tuvo el mismo 74% de la Cámara de Diputados que ahora el INE asignó a la coalición oficialista, pero sería un error decir que nos regresaron a esa época porque, de hecho, estamos peor
Fernando Belaunzarán
Cantinflas resultó profeta: estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Cómo es que en el viejo régimen la sobrerrepresentación era menor que la que el INE acaba de conceder? ¿Acaso las reformas que cambiaron al país y permitieron tres alternancias no tuvieron como uno de sus objetivos explícitos reducirla y acotarla para que el Congreso representara la pluralidad del país con cercana proporcionalidad? ¿Si el 8% de distorsión se mantuvo como tope, existiendo la demanda de desaparecerlo, cómo es que ahora se acercó a 20 por ciento? ¿Ignoran que ser representado es un derecho humano y que, por mandato constitucional, éste debe ser progresivo? ¿No se enteraron de que la representación proporcional nació para proteger a las minorías que, a pesar de haber sido votadas por 42% de los ciudadanos, las volvieron irrelevantes con su acuerdo?.
En 1982, el PRI tuvo el mismo 74% de la Cámara de Diputados que ahora el INE asignó a la coalición oficialista, pero sería un error decir que nos regresaron a esa época porque, de hecho, estamos peor. En aquella ocasión, el entonces partido oficial obtuvo 72.7% de los votos para integrar dicho cuerpo parlamentario, ganó 298 de 300 distritos y existían sólo 100 diputados plurinominales; actualmente son 200. La razón de duplicarlos fue para que las minorías estuvieran representadas de manera más fidedigna con relación a su votación obtenida.
Así que, con 18% menos de votos, 14% menos de distritos ganados y el doble de diputados de lista, le están dando al oficialismo la misma proporción que tenía la hegemonía priista del primer trienio de Miguel de la Madrid en el Congreso. Los siete consejeros que votaron por ese despropósito no sólo ignoraron los cambios democráticos del país que, entre otras cosas, crearon la institución en la que despachan, sino que incluso avalaron una regresión respecto al régimen autoritario del siglo pasado. Borraron esa historia de un plumazo y todavía dieron pasos para atrás.
La democracia no cayó del cielo ni fue una concesión graciosa del poder. Se conquistó con infinidad de luchas en las que no faltaron muertos, heridos, encarcelados y desterrados. Es decepcionante y doloroso que la acuchillen quienes debieran ser guardianes de ese legado, difamando la Constitución que se modificó precisamente para hacer de México un país más democrático y, en consecuencia, con su pluralidad mejor representada.
La transición murió porque sus instituciones la traicionaron… a menos que el TEPJF corrija el esperpento y valore en su justa dimensión los votos de todos los ciudadanos y no sólo de los que votaron por la coalición oficial, cumpliendo con los topes constitucionales a la sobrerrepresentación. Por desgracia, se ve improbable. El régimen impidió que se completara el Tribunal Electoral porque calcula que esta composición le conviene y, por si eso no fuera suficiente, puso por escrito en el dictamen de la reforma judicial la zanahoria de prolongar el mandato de los magistrados hasta el 2027.
La aberración de otorgarle tres cuartas partes del Parlamento a quienes representan 54% de los electores, negándole a las minorías hasta la posibilidad de acudir a la Corte para contener a la mayoría y evitar eventuales abusos e ilegalidades, abre la puerta a la imposición estructural de un régimen autoritario. Lo que se construyó pluralmente será desmantelado unilateralmente para que la facción gobernante se enquiste en el poder.
Es innegable que el constituyente quiso evitar la modificación de la Constitución sin consensos, por eso estableció el límite de 300 diputados para una fuerza política en el mismo artículo 54 que el INE interpretó diferenciadamente: partido y coalición son equivalentes o distintos, según convenga al oficialismo. Esa transgresión, avalada por las autoridades electorales, será ominosa.
