La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que hay apertura para la inversión privada en hidrocarburos, aunque advirtió de que no habrá un regreso al modelo energético del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se priorizó a las empresas particulares.
“El mercado en ciertas áreas está abierto, está en la Constitución. Y está establecido qué porcentaje de esa extracción, si la hace un privado, la entrega a Pemex (Petróleos Mexicanos) o a la Tesorería o al Estado mexicano, entonces eso está establecido. Lo que nosotros no queremos es regresar al pasado”, expresó.
Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, respondió en una rueda de prensa a la petición de la Asociación Mexicana de Empresas Hidrocarburos (Amexhi), que solicitó este lunes al próximo Gobierno retomar las asociaciones público-privadas para desarrollar un mayor número de yacimientos petroleros.
La Amexhi señaló que sus recomendaciones podrían generar beneficios al Estado mexicano por casi 160.000 millones de dólares: cerca de 104.000 millones de dólares por contraprestaciones, y 56.000 millones de dólares invertidos en proveeduría nacional.
Pero Sheinbaum descartó este tipo de asociaciones, que surgieron de la reforma energética de Peña Nieto que en 2013 abrió el sector a la inversión privada.
“Lo que nosotros no queremos es este esquema de asociación público-privada en donde el único que pierde es el Estado y el único que gana es el privado”, argumentó.
Aún así, expresó que su próxima Administración, que aún no define a la persona que dirigirá a Pemex, buscará otras formas de cooperar con las empresas privadas.
“Creemos que hay otros esquemas de colaboración con el sector privado en donde, si bien los riesgos son conjuntos, también las ganancias son conjuntas, y hay áreas en donde el Estado tiene la prioridad”, señaló.
El nombramiento de Pemex causa expectativas entre analistas internacionales porque es la petrolera más endeudada del mundo y reportó pérdidas por 13.672 millones de dólares en el primer semestre de 2024, por lo que las calificadoras la consideran el mayor riesgo para las finanzas públicas de México.
