21 de agosto de 2024 – Al primer minuto de este miércoles, magistrados y jueces federales se unieron al paro indefinido convocado por los trabajadores del Poder Judicial. La protesta, motivada por el rechazo al proyecto de reforma judicial que busca combatir la corrupción en el sector, fue anunciada en medio de un clima de tensión creciente.
La directora Nacional de la Asociación de Juzgadores, JUFED, Juana Fuentes Velázquez, fue la encargada de dar a conocer el posicionamiento del gremio. En un acto realizado al pie de las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, y frente a cientos de trabajadores en paro, Fuentes Velázquez advirtió sobre las graves consecuencias que podría traer la implementación de la reforma.
“Nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social. Por esas razones hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras y comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma, y hasta que esta sea desechada”, expresó la líder de los juzgadores.
En un ambiente de protesta, marcado por consignas y la entonación del himno nacional, Juana Fuentes Velázquez alertó sobre los riesgos que, según ella, implica la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las 100 modificaciones anunciadas por el partido Morena en la Cámara de Diputados, la dirigente aseguró que la iniciativa sigue siendo una amenaza para la justicia y la estabilidad del país.
“Esta reforma no sólo amenaza la justicia. Amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se destruirá y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria”, aseveró Fuentes Velázquez.
La situación ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, quienes temen que el paro indefinido afecte el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto y provoque una crisis institucional de gran magnitud.
