Dirán que la diferencia entre el primero y segundo lugar es demasiado grande como para desconocer el resultado, lo cual es entendible, pero una cosa es eso y otra negarse a relatar lo sucedido
Fernando Belaunzarán
No hay incentivo más perverso que la falta de consecuencias por violar la ley. La impunidad invita a la repetición y no digamos mirar hacia otro lado para ni siquiera consignar los delitos como tales. La elección de Estado llegó para quedarse porque el TEPJF fue incapaz de enunciarla y optó por ignorar la falta de equidad. No es cosa menor que, desde la cima del poder político, retaran a las autoridades electorales y se salieran con la suya.
Dirán que la diferencia entre el primero y segundo lugar es demasiado grande como para desconocer el resultado, lo cual es entendible, pero una cosa es eso y otra negarse a relatar lo sucedido, máxime cuando los hechos fueron públicos y desafiantes. Es falso que la intervención presidencial haya sido ocasional y aislada, López Obrador fue, de facto, candidato de tiempo completo con la particularidad de anunciar obras, aumentos y promesas desde el gobierno. Sin embargo, con todo y la manifiesta indulgencia, hay más de 50 sentencias y 34 mañaneras con delitos acreditados que el tribunal decidió minimizar para no empañar el triunfo de la candidata oficial y no importunar al poderoso y vengativo mandatario.
Indigna, pero no sorprende. Es la misma historia que vimos cuando estaba por comenzar el sexenio que termina. El INE documentó ingresos millonarios de origen desconocido en un fideicomiso supuestamente para los damnificados del sismo, los cuales fueron depositados en efectivo a manera de carrusel para despistar al fisco y retirados en cash por dirigentes y candidatos de Morena durante las campañas del 2018. El entonces candidato electo alegó “vil venganza” sin aportar una sola prueba que desvirtuara las documentadas por la Comisión de Fiscalización, pero eso bastó para que el TEPJF optara por archivar el expediente sin pronunciarse. Desde entonces conocía el caminito.
No puede alegarse desconocimiento o descuido, las violaciones a la legislación fueron dolosas, recurrentes y sistemáticas. Desde el 2021 designó a las corcholatas que compitieron por la candidatura oficial, cargando los dados a favor de una. Hubo un descarado derroche de recursos que no fueron declarados y, por lo mismo, no se sabe de dónde salieron. Las multas por ello resultaron risibles y el oficialismo tomó ventaja indebida al salir con tanta anticipación.
Se violó el secreto fiscal y la ley de protección de datos personales desde la Presidencia de la República para promover el escarnio de la candidata opositora, a pesar de que no había una sola irregularidad en lo exhibido. Fue una campaña negra contra Xóchitl Gálvez, de desinformación e infamias, lanzada desde Palacio Nacional con total impunidad. Además, el titular del Ejecutivo se permitió promover a su correligionaria de manera reiterada y poco discreta. Todos fuimos testigos.
Se hizo proselitismo con los programas sociales, ligándolos al oficialismo y engañando con la especie de que se perderían si ganaba la oposición. El ejército de 28 mil servidores de la nación adoctrinó, desinformó y coaccionó beneficiarios, llegando a las casas con un chaleco del color del partido oficial. Eso explica, en buena medida, el marcado desfase entre resultados de gobierno y resultados electorales.
La calificación del TEPJF tampoco dio debida cuenta de la violencia y operación ejercida por el crimen organizado. El asesinato de casi 40 aspirantes y candidatos, así como la renuncia a siete mil candidaturas por amenazas no debieron obviarse ni restarles importancia. No les bastó con normalizar las elecciones de Estado, también la intervención criminal en los comicios.
Lo peor es que, en una de ésas, el asunto no queda en meter debajo de la alfombra el tiradero de los ganadores, sino que, además, sobrerrepresenten a éstos por encima de los topes del 8% y 300 diputados para la fuerza mayoritaria, dándoles un cheque en blanco para modificar la Constitución. Eso es más grave que el blanqueo de un triunfo contundente, pero inequitativo en extremo. Sería entregar el país a los tramposos para que impongan en solitario un nuevo régimen político sin división de poderes ni contrapesos, ignorando a los que no votaron por ellos: 46% de los ciudadanos. Así mueren las democracias.
