Por: Raúl Contreras Bustamante
De acuerdo con el artículo 21 de nuestra Carta Magna, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios, cuyo fin es el de salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
La inseguridad que padecemos se ha venido extendiendo en diversos aspectos de nuestras vidas. Cada día parece ir en aumento la comisión de delitos cometidos en las vías generales de comunicación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, del cual se desprende que, en 2023, las instituciones de seguridad pública estatal reportaron cuatro mil 320 robos y asaltos en carreteras y puentes. Los datos se refieren de forma especial a que 45.3% de los hechos delictivos se registraron en perjuicio de vehículos con placas particulares.
En 2023, la cantidad de delitos aumentó 129.2% con respecto a los actos delincuenciales registrados durante 2022. La entidad federativa que concentró mayor cantidad de reporte de robos en carreteras y puentes estatales en el año pasado fue Tlaxcala, con dos mil 780 eventos.
También se registró que en 2023 ocurrieron 667 enfrentamientos armados en carreteras en los que participó personal de las instituciones de seguridad pública, que, en comparación con 2022, la cifra sufrió un aumento de 50.2 por ciento. Veracruz y Tamaulipas concentraron la mayor cantidad de enfrentamiento, con 154 y 145, respectivamente.
El asunto es tan delicado, que las mismas instituciones gubernamentales no se han puesto de acuerdo para tratar de enfrentarlo. Y para muestra, basta dar un ejemplo personal.
Hace unos días, en uno de mis traslados hacia la ciudad de Xalapa, al transitar por la autopista de cuota México-Orizaba después de pasar la ciudad de Puebla, de manera sorpresiva apareció un objeto de metal en el carril de alta velocidad que —a pesar de tratar de evitarlo— terminó ponchando dos de los neumáticos del auto.
Tratando de encontrar auxilio, llamé por teléfono a la compañía de seguros que está contratada por Caminos y Puentes para dar cobertura a los usuarios que pagamos la cuota de peaje por el uso de la autopista.
Después de casi una hora, se presentaron dos ajustadores y me pidieron les enseñara el objeto con el que se causó la avería, porque les resultaba indispensable tenerlo a la vista para poder procesar el siniestro.
Con sorpresa le dije que eso era absurdo y que constataran que había otros dos vehículos estacionados, cuyas llantas se habían ponchado de la misma manera. A pesar de que mi acompañante y un ajustador caminaron más de un kilómetro, no fue posible encontrar el artefacto y los aseguradores se negaron a procesar el trámite.
Esto viene a colación por la justificación que me dieron. Ante tantos asaltos, uno de los procedimientos preferidos por la delincuencia es utilizar artefactos llamados “poncha llantas” para detener a los vehículos. Y como el seguro contratado es por siniestros provocados por accidentes, no procede por daños causados por la comisión de actos delictivos.
Esto quiere decir que, a pesar que pagamos las nada baratas cuotas de peaje, Caminos y Puentes Federales no se hace cargo de asegurar a los usuarios por sufrir actos delictivos en los tramos a su cargo.
Dicho en otras palabras: el gobierno federal cobra cuotas de peaje por el uso de vías federales, pero, de ninguna manera, se hace responsable de garantizar la seguridad de los usuarios.
Como Corolario la frase de Giovanni Sartori: “El primer deber y obligación más importante que tiene el gobierno es la seguridad pública”.
