La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que en su Gobierno buscará que la extorsión se considere un delito grave y se persiga de oficio, ante el paro que productores de limón de Michoacán hicieron el lunes, entre otras cosas, por las extorsiones de cárteles del narcotráfico.
“La extorsión tiene que tener una característica, que lo hizo ya el gobernador de Michoacán (Alfredo Ramírez), que es que se persiga de oficio, que es importante, porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor”, apuntó la próxima gobernante durante una rueda de prensa.
Recordó que actualmente existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para que la extorsión se considere un delito grave, “para que en el artículo 19 de la Constitución se considere la extorsión como delito grave, con prisión preventiva oficiosa”, lo que “tendría que acompañarse en el Código Penal” federal o los estatales.
Además, dijo que debe romperse el círculo en el que existe el temor a denunciar, no se abren carpetas de investigación contra los extorsionadores y no es delito grave.
“Entonces, tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto, con delito grave que ya lo presentó el presidente (Andrés Manuel López Obrador), con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación”, apuntó.
Sheinbaum respondió así al paro que anunciaron limoneros de Michoacán, estado del occidente de México, donde el lunes frenaron sus actividades por los bajos precios de compra del cítrico y el denunciado aumento de extorsiones de, al menos, tres cárteles del narcotráfico en la región, según denunció José Guadalupe Mora Chávez.
Productores denunciaron que las empresas empacadoras de Michoacán solo les pagan entre 8 y 11 pesos (0,42 y 0,58 dólares) por cada kilogramo de limón, mientras que en el estado vecino de Colima el precio alcanza hasta los 18 pesos (0,95 dólares).
Además de que los cárteles de la droga aumentaron de dos a tres pesos (0,11 a 0,16 dólares) el pago de un “impuesto criminal” por cada kilogramo del cítrico que llega a las empresas empacadoras.
La “cuota” presumiblemente es recolectada por contadores impuestos por el crimen organizado, quienes reparten el producto de la extorsión entre los grupos delictivos autodenominados como Cárteles Unidos (Los Viagras y Blancos de Troya), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.
