El Derrame que Marcó un Antes y un Después
El 6 de agosto de 2014, millones de litros de residuos tóxicos fueron vertidos en el río Sonora por la minera Grupo México, en lo que se considera el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Este evento afectó la vida de 22,000 personas, dañando su salud, sus tierras y su sustento. A diez años del desastre, los afectados siguen clamando por justicia, reparación y la condena de los responsables, pero sus demandas han caído en oídos sordos, mientras el desastre sigue siendo una cicatriz abierta en la región.
Impacto en la Salud y el Medio Ambiente
La magnitud del derrame fue tal que los campos, el agua y los animales en la zona quedaron contaminados. Los habitantes han enfrentado graves problemas de salud, incluyendo altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en su sangre. Martha Patricia Velarde, una de las afectadas, ha sido vocal en la lucha por la justicia. “Desde hace 10 años tengo problemas en el hígado y niveles altos de metales pesados en la sangre, bueno, todos lo tenemos”, señala Velarde, quien junto con otros vecinos creó los Comités de Cuenca del Río Sonora para exigir respuestas y soluciones.
En 2023, un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) confirmó lo que los afectados venían diciendo desde el principio: el agua, el aire y el suelo siguen contaminados, tanto por el derrame de 2014 como por la continua actividad minera de Grupo México. Este informe desacredita la versión oficial que aseguraba que la zona había sido limpiada y que ya no había peligro.
Promesas Incumplidas y Justicia Lenta
A pesar del reconocimiento oficial de la contaminación persistente, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fideicomiso creado para compensar a las víctimas no cumplió con su objetivo de reparar los daños, y que se había violado el derecho de participación de los afectados. Este fideicomiso, financiado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto con 2,000 millones de pesos, solo entregó el 60% de los fondos y fue cerrado unilateralmente por la empresa en 2018.
En respuesta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en 2021 un Plan Integral de Atención para Cananea, que incluía la remediación del derrame y la construcción de un hospital especializado para los afectados. Sin embargo, a punto de concluir su mandato, ninguna de estas promesas se ha cumplido. “Se tenía la esperanza de que al llegar López Obrador al poder, gestionaría una remediación de los daños, pero todo quedó en puras promesas”, comenta la periodista sonorense Priscila Cárdenas.
Un Futuro Incierto
Con el próximo cambio de administración, la presidenta electa Claudia Sheinbaum hereda una cuenta pendiente con las víctimas del río Sonora. Las promesas incumplidas de los últimos diez años han dejado a la población de la región en un estado de desamparo y desconfianza hacia las autoridades. Martha Patricia Velarde, quien ha sido testigo y víctima de esta tragedia, expresa su escepticismo: “Hasta el momento solo han condenado de antemano a la gente”, dice.
La situación en el río Sonora es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la negligencia empresarial y la inacción gubernamental. A una década del desastre, los afectados siguen esperando la justicia y la reparación que se les ha negado, mientras el tiempo sigue corriendo sin que se vislumbre una solución real a sus problemas.
