Por Ricardo Homs
En un mundo donde hay crisis de valores morales y un país que se está volviendo “amoral” y excesivamente pragmático, el daño para México de la iniciativa presidencial en el tema de justicia, puede ser un factor de desestabilización social y decadencia.
El desprecio que manifiesta el presidente López Obrador por la experiencia profesional y el conocimiento no es entendible. En un mundo que tiende a la especialización, este gobierno ha privilegiado la improvisación.
Desde hace por lo menos tres décadas los grandes expertos globales en administración, -como Peter Drucker-, ya hablaban de que el mundo evoluciona hacia “la sociedad del conocimiento”. Esto quiere decir que ante la complejidad de un mundo dominado por la tecnología el conocimiento se convierte en una herramienta de control indispensable para alcanzar la eficiencia.
Equiparar la experiencia con mañas y corrupción es inaudito. Sin embargo, cuando una opinión personal, -como las expuestas por el presidente López Obrador-, se integra al planteamiento legislativo, empiezan los riesgos.
Por ejemplo, él ya ha declarado que, aunque no se incluyó en su iniciativa legislativa, -quizá por descuido-, ve con buenos ojos la conveniencia de eliminar de entre los requisitos actuales para ser juez o magistrado el tener cinco años de experiencia en el ámbito judicial. Él vería bien que esta condicionante ya no constituyese una restricción que impida que puedan acceder a estos cargos muchachos egresados de las facultades y escuelas de derecho que manifiesten mucho “entusiasmo de hacer valer la ley”.
Hoy más que nunca se requiere de blindar a los juzgados y magistraturas para que no sean infiltrados por gente poderosa e influyente movida por intereses personales y peor aún, por la delincuencia organizada.
La reforma judicial debería estar considerando endurecer los controles para impedir la llegada de funcionarios, -o sea jueces, magistrados o ministros-, susceptibles de ser corrompidos, o faltos de carácter frente a las presiones y amenazas de las mafias del poder.
Debiese estarse considerando la posibilidad de poner nuevos requisitos, como son estudios proyectivos, -propios de la psicología clínica-, para evaluar valores morales, fortaleza de carácter, convicciones y otras condicionantes que deben cumplir los impartidores de justicia para aplicar la ley sin más consideraciones que lo moralmente correcto. Sin embargo, la iniciativa presidencial va en sentido contrario: la relajación de los controles, con lo cual cualquier persona, -incluso con malas intenciones-, puede acceder a un cargo para impartir justicia.
En un mundo donde hay crisis de valores morales y un país que se está volviendo “amoral” y excesivamente pragmático, el daño para México de la iniciativa presidencial, -en el tema de justicia-, puede ser un factor de desestabilización social y decadencia.
Lo peor es que él mismo no es capaz de dimensionar el alcance destructivo de sus ideas. Su visión simplista de la realidad cotidiana no tiene mas que dos explicaciones: o es un ideólogo desconectado del mundo real, -que no alcanza a dimensionar que las oportunidades generan la corrupción y los delitos-, o en el extremo opuesto, una perversidad sin límites.
El tiempo no tardará en decirnos realmente quien gobernó este país durante este sexenio.
Sin embargo, la desprofesionalización del servicio público ha estado en marcha desde que inició la presente administración, con un alto costo para el país en lo referente a la capacitación y aprendizaje de funcionarios que de modo improvisado entraron a ocupar un cargo que implicaba tomar decisiones.
Hoy que se empieza a perfilar el alto costo económico de instrumentación de la iniciativa presidencial para someter a un proceso electoral la renovación total de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, -así como la complejidad de la preselección de los miles de precandidatos-, se plantea que esa primera selección se lleve a cabo a través de procesos aleatorios donde interviene el azar, -o sea rifas-, en lugar de una preselección por méritos profesionales.
Evidentemente la preselección, -según la presente reforma judicial-, seguramente llevará “mano negra” y se seleccionarán jueces y magistrados recomendados de la 4T que garanticen incondicionalidad al gobierno en turno. Entonces veremos casos como el de la ministra de la SCJN Lenia Batres, quien ha descuidado sus funciones inherentes al cargo que tiene como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para viajar por todo el país como promotora de la iniciativa presidencial para la reforma del Poder Judicial. Seguramente muchos casos estarán retrasándose en su oficina porque la ministra está ocupada haciendo política en lugar de impartir justicia como es su responsabilidad.
BAÑO DE SANGRE
Nicolás Maduro desde antes de las elecciones venezolanas vaticinó que si las perdiera habría un baño de sangre, lo cual ha cumplido. Por lo menos ya van once ciudadanos fallecidos durante las protestas callejeras y más de mil opositores encarcelados.
Esta se perfila como una historia de la cual no sabemos aún cual será el final.
Quizá sea el fin de un pequeño dictador con grandes aires megalomaníacos.
Sus declaraciones amenazantes parecen ser la última carta de un político desesperado.
¿Y a usted qué le parece?
