Por: Liébano Sáenz
Hay razones sobradas y convincentes para que el INE y el Tribunal Electoral opten por la aplicación del límite de la sobrerrepresentación a la coalición y no por partido político, pero el precedente no es fácil eludirlo, menos en un entorno de temor al Presidente…
Cualquiera que sea la determinación del INE o del Tribunal en materia de sobrerrepresentación, por razones elementales es obligado repensar la política. El país cambió profundamente, la sociedad y las elites transitaron a terrenos diferentes a los del paradigma democrático liberal. El país se acomoda bien con la deriva autoritaria, aunque no todo el 46% de los electores en la elección de legisladores optaron por la oposición. El problema no son los números, sino la dispersión opositora, dispersión en lo político y en lo programático.
Hay razones sobradas y convincentes para que el INE y el Tribunal Electoral opten por la aplicación del límite de la sobrerrepresentación a la coalición y no por partido político, pero el precedente no es fácil eludirlo, menos en un entorno de temor al Presidente. Aun así, el fallo del Tribunal para el criterio de coalición tiene base legal a partir de una interpretación que vaya más allá de la aislada literalidad de una fracción de un artículo de la Constitución.
De cualquier manera, no puede eludirse el nuevo entorno. El país es muy distinto al de hace una o dos décadas y también el mundo, especialmente nuestro principal vecino y socio comercial, más todavía si en la elección de noviembre prevalece el trumpismo. También allá el cambio profundo no está en la política, sino en la sociedad y lo que habrá de definirse en la elección es la vigencia de los valores de la modernidad, entre éstos el de la legalidad.
La política adquiere otro valor si se prescinde de la legalidad. Para el caso mexicano es preocupante en extremo la eliminación de la independencia del Poder Judicial, acción que se va perfilando sin mayor resistencia más allá de un sector de opinión o de los trabajadores y funcionarios afectados por el cambio. No hay aval democrático a la devastación de la democracia, pero la oposición formal y fáctica se comporta como si así hubiera sido el caso. Acabar con la institución que garantiza la constitucionalidad es el principio no de una regresión autoritaria, sino el tránsito a un régimen sin más contención que la voluntad del gobernante.
Los tiempos por venir son inciertos, y también son adversos. Repensar la política obliga a entender la nueva realidad, y a entendernos para defender la casa de todos.
