Por; Raúl Contreras Bustamante
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta en su estudio Education at a Glance 2022 algunos datos en materia de educación superior que son de interés para tratar de evaluar el efectivo acceso al derecho humano a la educación.
De acuerdo con este informe, México es el país de la OCDE con menos población con educación superior. Entre las entidades federativas de nuestro país existen diferencias en cuanto al nivel educativo alcanzado: la región con el mayor porcentaje de personas —de 25 a 64 años de edad— con educación superior, es la Ciudad de México, con 30%; mientras que el menor porcentaje está en Chiapas con 12 por ciento.
Y este indicador se relaciona de manera directa con el desarrollo económico de las personas. En el caso de las mujeres con un nivel de estudios menor que el superior —en 2021— sólo 44% tenían empleo; en comparación con 74% de quienes contaban con educación superior.
En educación superior, la OCDE advierte que el gasto promedio en México por estudiante en el nivel superior es de siete mil 341 dólares anuales, mientras que en el promedio de la organización es de 17 mil 559 dólares.
En cuanto al rubro de investigación y desarrollo, el estudio señala que, del gasto dedicado en nuestro país para educación superior, sólo le corresponde 15%, mientras que el promedio en la OCDE, es del 33 por ciento.
De nueva cuenta, en últimos días han sido publicadas diferentes notas periodísticas en donde se critica que en el acceso de estudiantes, la UNAM rechaza a una gran mayoría de quienes aspiran estudiar en sus aulas, y de manera descontextualizada se da cuenta del incremento que en materia presupuestaria ha tenido la institución en los últimos años.
Es cierto, el presupuesto otorgado a nuestra máxima casa de estudios ha crecido en los últimos 20 años; sin embargo, habrá que enfatizar que cerca del 90% de dicho presupuesto se destina al pago de sueldos y prestaciones, y el resto para las labores sustantivas.
Porque la Universidad Nacional Autónoma de México ha sabido hacer más con menos. Entre 2001 y 2024, la universidad de la nación amplió su matrícula de 244 mil estudiantes, a casi 380 mil, es decir, un crecimiento del 55.7 por ciento.
Para ejemplificar con un aspecto que nos consta: la Facultad de Derecho, en los últimos ocho años ha incrementado la matrícula de primer ingreso de licenciatura en 56.7%; puesto que pasó de recibir dos mil 527 estudiantes en 2016; a tres mil 960 para en 2023, prácticamente con el mismo presupuesto operativo, salvo lo que se incrementó para el pago de salarios y prestaciones al personal.
Resulta absurdo pensar que la UNAM por sí sola puede resolver todo el rezago en materia de inversión en educación superior en el país. El anuncio de la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el nuevo gobierno, representa una esperanza de cambio en la visión y la aplicación de políticas públicas más focalizadas hacia la educación superior en el país.
Nuestra Carta Magna señala en su artículo 3º que el Estado deberá impartir y garantizar la educación básica, media superior y superior, teniendo que ser esta universal, inclusiva, gratuita y laica.
Este mandato representará un gran reto para el próximo gobierno, ya que brindar educación superior a las personas representa la verdadera posibilidad de ascenso social a través de su desarrollo integral y, en consecuencia, poder contribuir al bienestar, transformación y mejoramiento de nuestra sociedad.
Como Corolario las palabras de Fernando Savater: “La educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay. La educación es el antídoto contra la fatalidad”.
