La propuesta de elegir a juzgadores por el voto popular en México que se impulsa en el Congreso, dividió este jueves a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como quedó evidente en el primero de los foros de debate en el Congreso.
Mientras unos coincidieron en cambios escalonados y asegurar la autonomía y el conocimiento técnico de los jueces y magistrados del Poder Judicial, otros mostraron su total rechazo a la polémica propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y expresaron su preocupación por su impacto en el sistema judicial.
La división de las posturas entre los ministros mexicanos derivó del primero de nueve foros denominados ‘Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial’, luego de que la mayoría oficialista impuso en la agenda del Congreso mexicano una reforma a la Constitución tras el arrasador triunfo en las pasadas elecciones que le dieron una amplia mayoría parlamentaria a partir del 1 de septiembre próximo.
Con estos cambios, el oficialismo busca que los juzgadores sean electos en las urnas, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte mexicana, lo que supondría la renovación de más de 1.600 personas juzgadoras federales y 5.000 locales.
A la vez, promueve un tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario.
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que remover en un solo momento a toda esta cantidad de personas generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”.
A su juicio, muchos procesos y asuntos judiciales quedarían en la incertidumbre en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los tribunales de justicia, por lo que, al igual que la ministra Yasmín Esquivel, propuso hacer los cambios de manera escalonada.
En este punto, Esquivel defendió que se impulse un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque se posicionó a favor de la reforma.
Pardo Rebolledo sopesó que la carrera judicial asegura que los perfiles tienen los conocimientos técnicos para poder impartir justicia en el país, pues defendió que cada juez o magistrado se hace merecedor de su puesto mediante concursos de oposición.
“Solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación”, dijo.
En tanto, la ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que la población acudió a las mesas de votación el pasado 2 de junio “no para votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial”.
Por ello, afirmó que los cambios legales propuestos no ofrecen “una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país”.
En tanto, el coordinador de los legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, adelantó que algunos cambios legales son “irreductibles” como la separación del Supremo mexicano del CJF, la elección de juzgadores por el voto y los cambios al Consejo de la Judicatura.
