Por Adriana Delgado Ruiz
¿Alguien le habrá explicado al presidente el costo que implica la reforma judicial? Significa muchos pagos, empezando por las liquidaciones y retiros de los 1,665 ministros, magistrados y jueces actuales del Poder Judicial Federal, que rondarían los 10 mil millones de pesos. A eso hay que agregar el gasto en la elección de sus relevos, que aún no tiene una forma definida.
Una referencia puede ser la consulta de revocación de mandato en 2022, con un costo de 1,692 millones de pesos que incluyó 57 mil 449 casillas y, por supuesto, el conteo de los votos. Si la elección de los nuevos juzgadores del PJF adquiere las dimensiones de un proceso electoral en forma, en el de 2024 se instalaron 170 mil 159 casillas, es decir tres veces más, lo que implica una multiplicación proporcional del dinero necesario.
Como está ahora, la iniciativa de reforma no contempla recursos para que los candidatos hagan actos públicos de proselitismo político, sino sólo plataformas para que expongan sus propuestas y programas de trabajo. Al tratarse de la elección de puestos mucho más técnicos y no necesariamente requeridos de carisma y popularidad, el interés de la ciudadanía se visualiza distinto.
¿Hay alguna referencia internacional? En Bolivia, acudir a las urnas es obligatorio y es el único país donde el Poder Judicial se elige actualmente por voto popular: Su población es la décima parte de la mexicana y su peso en la economía del mundo es muchísimo menor. Allá, el proceso de 2011 costó 17 millones de dólares, unos 308 millones de pesos mexicanos actuales, y el 53 por ciento de los sufragios fueron nulos, dada la falta de interés y el manoseo político.
Para México, los costos de la reforma pueden ser todavía mucho más amplios. La consultora de riesgo político Eurasia Group rebajó ya, de neutral a negativa, su calificación de la trayectoria a corto y largo plazo de México debido a la menor independencia que, se prevé, tenga el Poder Judicial con la reforma. Mientras, BBVA anunció que revisará sus pronósticos de crecimiento para el país luego de que se conozcan los detalles y términos en que se realice esa legislación por el impacto que tendrá en el ánimo de los inversionistas.
Ahora dimensionemos. El Poder Judicial Federal, con sus 1,665 ministros, magistrados y jueces, se encarga del 20 por ciento de los casos en que se requiere la aplicación de la justicia. El grueso de los asuntos penales y civiles que atañen directamente a la población de a pie están en los poderes locales, integrados por 5,628 juzgadores.
Sin embargo, la iniciativa de reforma prevé que los estados reformen sus constituciones para que también esos poderes sean electos por voto directo. Un gran problema adicional es que en muchos casos aún están lidiando con la implementación de la reforma anterior en cuanto a la oralidad, lo que también implica recursos.
En la Ciudad de México, por ejemplo, la desaparición de 24 juzgados civiles y 11 familiares, cada uno con una carga de trabajo promedio de 4 mil casos, pone muy nerviosas a las barras de abogados y, por supuesto, a los ciudadanos que tienen litigios interpuestos. La gran preocupación, más allá de costos y política, es si todos esos cambios terminarán entorpeciendo aún más el objetivo primario de todo sistema judicial que es una justicia pronta y expedita.
No, el panorama no viene nada sencillo. Veamos qué soluciones arrojan los foros que inician mañana, jueves.
