Por: Raúl Contreras Bustamante
Se denomina como “interregno” al periodo de discontinuidad o intervalo en un gobierno, organización u orden social. Su raíz semántica deviene de la época de la monarquía absoluta y se le conocía así al periodo de tiempo entre el fin del reinado de un monarca y la asunción de su sucesor. Se tienen identificados varios fenómenos como éste, que se caracterizaron por el desorden, guerras civiles, conflictos entre aliados, desestabilización grave, entre otros.
En la historia de México, el lapso que transcurre cuando ya existe una persona elegida para el máximo cargo y los últimos meses del mandato del Presidente aún en turno, ha sido muchas veces bastante complicado.
En las postrimerías del sexenio de Gustavo Diaz Ordaz se rumoró mucho la sustitución de Luis Echeverría como candidato, debido a que pidió un minuto de silencio en conmemoración de los mártires de Tlatelolco, lo que enfureció al mandatario y al entonces secretario de la Defensa.
Luego, cuando se vivía el periodo de transición, los rumores de que habría un autogolpe de Estado para prolongar la presencia de Echeverría e impedir la asunción del poder a José López Portillo, generaron demasiada inquietud y una fuerte devaluación.
Seis años después, en su último informe de gobierno, López Portillo anunció la nacionalización de la banca, sin que hubiera mediado acuerdo con Miguel de la Madrid; lo que lo obligó a iniciar su mandato con las tremendas complicaciones políticas y financieras que le fueron heredadas.
La transición de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo parecía tersa, pues el resultado de la elección fue muy clara y amplia, a pesar del levantamiento zapatista y de los asesinatos del cardenal Posadas, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. Sin embargo, existen voces autorizadas que señalan que la inquietud que generó el proceso de desaparición de la anterior Suprema Corte y la reforma judicial, entre otras cosas, generaron una devaluación del 300 % del valor de nuestra moneda.
La última transición que vivimos fue peculiar. Enrique Peña Nieto le cedió el espacio político al actual presidente Andrés López Obrador, quien lo aprovechó para emprender su transformación. Como ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco se decidió antes de iniciar de manera formal su periodo de gobierno.
La discusión que se ha suscitado por la posible promulgación de reformas constitucionales, cuya iniciativa presentó el 5 de febrero el presidente López Obrador —en especial la relativa al Poder Judicial— ha dado pie a diversos puntos de vista.
Por un lado, el derecho que tiene el Presidente en turno de hacer uso del ejercicio de su mandato, que concluirá hasta el 30 de septiembre; y por el otro, la evaluación de las consecuencias políticas, sociales y económicas que generarán esas reformas de hondo calado, así como los efectos que habrán de causar durante el mandato de la primera mujer en la Presidencia de la República.
La LXVI Legislatura del Congreso se instalará y comenzará a trabajar de manera formal el 1º de septiembre y será la que deberá procesar las reformas constitucionales.
Si bien es cierto que el partido en el gobierno contará con una hegemonía determinante en ambas Cámaras —que le permitirá aprobar por sí mismos cualquier iniciativa— la opinión pública, los mercados financieros y los organismos internacionales estarán muy atentos al proceder del Congreso a la hora de procesar las reformas.
La pregunta que está en el aire es: ¿las reformas se harán a gusto del Presidente o van a ser ponderadas para no afectar el ejercicio del poder de la próxima primera mandataria?
Como Corolario, la enseñanza que me transmitió mi maestro Guillermo Fonseca Álvarez: “En un conflicto entre el que se va y quien llega, puedes estar seguro que la culpa la tendrá el que se va”.
