Por: Ricardo Homs
El presidente López Obrador ha declarado como una “cláusula irrenunciable” el someter a votación popular la selección de ministros de la SCJN, magistrados y jueces. Ésto es una bomba de tiempo de proporciones mayúsculas.
Mas allá de sus argumentos y de sus buenas intenciones, el daño puede ser descomunal… al grado de que habría un antes y un después.
Si en las elecciones de alcaldes y autoridades municipales la delincuencia organizada metió mano, bloqueando candidatos, amenazando a unos para que abandonasen la contienda, asesinando a otros, e impulsando a unos más, así como presionando a la población en las zonas donde los grupos delictivos tienen control, para que votasen a favor de sus protegidos, esta cláusula a la que hace referencia el presidente, se convertiría en la “caja de Pandora”.
Si aún hoy no podemos dimensionar la cantidad de dinero sucio que pudo haber sido invertido por la delincuencia para apoyar a sus candidatos afines, -en las pasadas elecciones del dos de junio-… Entonces, ¿qué podría suceder en una campaña organizada para designar ministros, magistrados y jueces?
Lo más simple que se nos ocurre decir es que estaría llena de dinero sucio, apoyando candidatos con quienes negociaron previamente su subordinación, pues a los profesionales, -que están motivados por su vocación-, los podrán bajar de la contienda con amenazas o incluso, violentamente, para dejar el camino abierto a los suyos.
Significa entregarles el último bastión que aún queda para defender el “estado de derecho”.
Nuestro actual sistema innegablemente es imperfecto y proclive a las injusticias y la corrupción. Sin embargo, con voluntad política firme y la colaboración de los mismos miembros del Poder Judicial, es factible darle un vuelco y sanearlo, para convertirlo en lo que debe ser: la protección que debe tener todo mexicano frente a abusos, injusticias y delitos.
Sin embargo, someter la reforma judicial a una consulta pública pretende dar una maquillada democrática a un problema añejo y muy profundo, pero en el contexto más peligroso que México ha vivido después de la Revolución Mexicana.
Evidentemente una encuesta dirigida al “pueblo” significa capitalizar los agravios que el ciudadano viene arrastrando y el resentimiento por las injusticias, las cuales existen desde siempre y se viven hasta hoy.
Que urge realizar una reforma judicial, es inaplazable. Sin embargo, el cómo y con qué cambios es donde radica la diferencia.
Si el objetivo presidencial es tomar control del Poder Judicial para centralizar el poder político del país y garantizar que todos sus proyectos no tengan un freno jurídico, la realidad cotidiana nos ofrece un escenario muy alarmante y peligroso.
La violencia criminal está a la vista, como lo evidenció el ataque del grupo delincuencial los “Autónomos”, sobre Tila, en Chiapas y el acoso cotidiano que viven muchos poblados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Colima, Guanajuato, Zacatecas y muchos estados más.
La reforma no debe ser consultada con el pueblo, sino con los expertos en derecho de las universidades y de las organizaciones civiles que representan a los profesionales. Además, se deben analizar los intentos realizados en otros países del mismo nivel del nuestro, para convertir el nombramiento de sus autoridades judiciales en una festividad democrática.
Es evidente que, en una consulta abierta y popular, el pueblo dará un respaldo emocional a la iniciativa presidencial. En contraste, los profesionales del derecho ofrecerán respuestas constitucionales y con propuestas de beneficio colectivo.
Sin embargo, el mayor riesgo lo representa la altísima probabilidad de que el crimen organizado patrocine las campañas de ministros, magistrados y jueces, para controlarlos, como ha sucedido en muchas regiones con la elección de alcaldes y quizá otros cargos más importantes aún. No cabe duda de que éste es un riesgo de “seguridad nacional” que aún no se ha dimensionado.
Si no hay partidos políticos de por medio, -que inviertan su propio presupuesto otorgado por el INE para impulsar las campañas-, ¿entonces quiénes tendrán el interés de patrocinar a candidatos a cargos en el Poder Judicial?
Definitivamente los organismos conformados por profesionales del derecho, -así como universidades-, deben manifestarse a partir de estos escenarios.
Podríamos decir con visión simplista que a través de elecciones llegaría al cargo gente improvisada y sin méritos profesionales en el ámbito del derecho. Sin embargo, el aspecto moral aún es más grave.
Empoderar al pueblo como guía en la aplicación de la justicia traería aparejada consigo una nueva cultura jurídica de tipo popular, que generará pérdida de autoridad para el Estado Mexicano y el incremento de actos de barbarie aplicados como justicia colectiva. Se incrementarían los actos justicieros de turbas enardecidas que en muchas ocasiones culminan en linchamientos con crueldad extrema, -que acaban con la vida de los señalados-, muchas veces sin contar con pruebas fehacientes y motivados sólo por simples especulaciones y rumores.
Esto sería regresar a la violenta y cruel “justicia tribal”, derivada del sentido común, como son los castigos que muchas veces aplican los policías, -así como el crimen organizado-, cuando estos grupos toman control de un poblado y aplican su justicia a costa de tablazos, mutilaciones, ajusticiamientos y otros medios crueles y violentos.
Sin embargo, el peor escenario será dejar en manos del crimen organizado, -a través de sus jueces apadrinados y patrocinados-, la aplicación de la justicia.
Esta iniciativa de reforma para seleccionar a las máximas autoridades del Poder Judicial traerá, -en el peligroso contexto actual de la violencia desmedida y el empoderamiento de la delincuencia organizada-, un retroceso de cuando menos cien años, para regresarnos a la violencia de la Revolución Mexicana, cuando bandoleros que han sido convertidos en héroes, aplicaban su justicia personal en los poblados que controlaban, muchas veces sin más juicio que la voluntad de quien tenía el control.
La mesura y el análisis profundo a la luz del derecho, debe aplicarse en este tema tan peligroso para el futuro del país y no responder a intereses políticos.
DOS PESOS Y DOS MEDIDAS
Cuando se investigó la corrupción del Poder Judicial en la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, con testimonios de jueces que denunciaron haber sido amenazados e intimidados por Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, -organismo que regula y coordina al sector judicial-, no sucedió nada y no prosperaron las denuncias e incluso, se hizo caso omiso de lo cuestionable de la renuncia anticipada, -o jubilación-, del ministro Zaldívar a su cargo de ministro de la SCJN.
En cambio, por una cena organizada por la ministra Piña, -simplemente para conciliar de buena fe los conflictos internos del Tribunal Federal Electoral-, el presidente López Obrador armó un escándalo y a partir de ello pretende desacreditar al Poder Judicial para poder someterlo a una reforma agresiva, en la cual es protagonista el mismo ministro en retiro Arturo Zaldívar.
